La mayoría de la Asamblea Nacional optó por dejar a merced del cálculo y componendas la posesión del nuevo Superintendente de Bancos y la aprobación del proyecto de Ley de Seguridad Integral.
Prefirió irse de vacaciones hasta finales de 2022, dejando plantado al presidente de la Asamblea, su principal aliado.
Los legisladores de mayoría no asistieron a la sesión convocada para el domingo anterior. Según ellos, para no legitimar la restitución de los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Dicha restitución fue dispuesta por un juez. Y por serlo, les guste o no, hasta pidieron disculpas públicas a los destituidos en un juicio político sin respetar el debido proceso.
Se pretendió –arguyen- usar el proyecto de Seguridad Integral para obligarles “a asumir la arbitrariedad cometida”, en alusión a la decisión judicial de disponer la posesión del nuevo Superintendente, nombrado tan pronto como los vocales del Cpccs fueron restituidos.
Demuestran, entonces, su principal objetivo: tomar el control del Cpccs, una especie de poder por encima de todos los poderes, si bien, de ganar el sí en la consulta convocada por el Gobierno, este organismo quedaría sin su principal atribución apetecida a dentellones.
Una era la sesión para posesionar a la citada autoridad; otra para tratar la Ley de Seguridad Integral, y la respuesta del Gobierno a las observaciones a la Proforma Presupuestaria.
Pero la mayoría legislativa las puso en el mismo saco, desentendiéndose de la norma tantas veces exigida, dada la crisis de inseguridad reinante en el país.
Contiene reformas al Coip para sancionar con más severidad a los extorsionadores de locales comerciales; igual a los reclutadores de menores de edad para el cometimiento de delitos.
Pero los legisladores de mayoría prefirieron la vacancia y seguir con sus cálculos políticos, entre ellos, según ha trascendido, la continuidad o no del presidente de la Asamblea.
