Estados Unidos intensificó su política de deportaciones bajo la administración de Donald Trump, retornando a más de 32.000 migrantes ecuatorianos en situación irregular entre 2023 y 2024.
Este martes, 28 de enero de 2025, llegaron dos nuevos vuelos de deportación a Guayaquil, marcando el inicio de una nueva fase de retornos masivos.
Cifras y detalles de las deportaciones
Según datos oficiales de la Cancillería ecuatoriana, en 2023 se registraron 18.449 deportaciones, mientras que en 2024 la cifra descendió a 13.589.
Estos vuelos, que operan desde 2005, han aumentado su frecuencia en los últimos años, llegando a realizarse dos o tres por semana.
Todos los vuelos de deportación aterrizan en el aeropuerto internacional José Joaquín Olmedo de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador.
Este martes 28 de enero, dos aeronaves llegaron con un total de 202 deportados.
El primero, un Airbus A321 de la aerolínea canadiense Global X, transportó a 122 personas desde Arlington, Texas.
El segundo, un Boeing C17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, arribó con aproximadamente 80 migrantes desde El Paso, Texas, una de las principales zonas fronterizas con México.
Protocolos de recepción y asistencia humanitaria
El Gobierno ecuatoriano activó protocolos para garantizar la atención primaria y el respeto a los derechos de los retornados.
Participaron instituciones como los ministerios de Inclusión Económica y Social, Interior, Salud Pública y la Cruz Roja.
Además, se brindó asistencia humanitaria en el marco de un convenio con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, firmado en diciembre pasado, para cubrir las necesidades inmediatas de los deportados.
Relaciones bilaterales y contexto migratorio
Ecuador, uno de los principales países de origen de migrantes irregulares hacia Estados Unidos, no ha objetado la llegada de estos vuelos, incluso bajo la actual administración del presidente Daniel Noboa.
Las relaciones bilaterales entre ambos países se han fortalecido en los últimos años, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, áreas prioritarias para el Gobierno de Noboa, quien declaró al país en «conflicto armado interno» frente a la creciente violencia generada por bandas criminales.
