Yolanda, una adolescente venezolana de 17 años, fue víctima de violencia obstétrica en el Hospital Universitario de Guayaquil.
En 2020, al momento de dar a luz, el personal médico le practicó una ligadura tubárica sin que ella pudiera otorgar un consentimiento libre e informado, según determinó la Corte Constitucional de Ecuador en una reciente sentencia.
Violencia obstétrica y violación de derechos reproductivos
Durante el parto, los médicos dijeron a Yolanda que debía ligarse las trompas porque podía morir si tenía otro hijo, debido a una condición de preeclampsia.
La joven no recibió información clara sobre el procedimiento ni tiempo para comprender el alcance de la esterilización.
Firmó el consentimiento mientras estaba anestesiada, sin poder leer el documento.
La Corte Constitucional calificó esta situación como violencia obstétrica, que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su salud sexual y reproductiva.
La sentencia también destacó que el hospital ejerció presión indebida sobre la menor en un momento vulnerable, sin una justificación médica urgente.
Respuesta del hospital y fallo judicial
El hospital defendió su actuación, asegurando que brindó un “servicio de calidad” y que Yolanda firmó el consentimiento en presencia de un familiar.
Sin embargo, la Corte concluyó que esta práctica fue coercitiva y violó derechos fundamentales como la integridad personal, la igualdad y la no discriminación.
Además, tras la esterilización, el hospital demoró la salida de Yolanda y restringió su contacto con familiares, aumentando su situación de vulnerabilidad.
Orden de reparación y medidas para prevenir violencia obstétrica
La Corte anuló decisiones previas que negaron la vulneración de derechos y ordenó a la Fiscalía investigar los hechos.
También dispuso que el hospital indemnice a Yolanda con 15.000 dólares, ofrezca disculpas públicas y sancione al personal responsable.
Por último, el tribunal ordenó al Ministerio de Salud actualizar las normativas y capacitar al personal sanitario para prevenir la violencia gineco-obstétrica, garantizando así el respeto a los derechos sexuales y reproductivos en Ecuador. EFE
