La Ley de Integridad Pública, publicada en el Registro Oficial el 26 de junio del 2025, enfrenta varias controversias que han derivado en demandas legales y movilizaciones sociales.
Esta normativa, aprobada con 84 votos en la Asamblea Nacional, incluye disposiciones sobre sanciones a adolescentes infractores, beneficios tributarios, normas financieras y cambios en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). Sin embargo, ha generado rechazo en diversos sectores, que consideran que vulnera derechos laborales y sociales.
Demandas en la Corte Constitucional
Actualmente, tres demandas de inconstitucionalidad han sido presentadas ante la Corte Constitucional, cuestionando la validez de la nueva ley. De acuerdo con los asambleístas, la Ley de Integridad Pública busca fortalecer el sistema de contratación pública y reforma al menos 20 cuerpos legales, incluyendo el Código de la Niñez, el Código Integral Penal, la Ley de Movilidad Humana y el Código de la Función Judicial.
Una de las críticas más fuertes proviene de la Unión Nacional de Educadores (UNE). Su presidente, Andrés Quishpe, acompañado de su abogado, presentó una acción legal pidiendo que se anule la ley. Según Quishpe, la normativa modifica la edad mínima para acceder a la compensación jubilar, aumentando de 60 a 65 años. Esto, afirma, afectaría a muchos docentes que ya tenían derecho a jubilarse con 60 años y 360 aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El impacto sobre los docentes
La UNE sostiene que esta medida impide que muchos educadores, que ya han cumplido con los requisitos para acceder a la jubilación, puedan obtener la compensación económica que les corresponde.
Quishpe también ha cuestionado la Circular Nro 00037-C emitida el 2 de julio de 2025 por el
Ministerio de Educación, que recomienda no desvincular a docentes con más de 30 años de servicio y menos de 65 años de edad.
Esta circular, según la UNE, representa un retroceso en los derechos laborales de los educadores. A través de esta normativa, la UNE sostiene que se elimina un incentivo económico establecido para los servidores públicos que optan por jubilarse después de décadas de servicio, lo que genera un malestar significativo dentro del sector educativo.
La UNE presentó su demanda de inconstitucinalidad ante la Corte Constitucional el 30 de junio de 2025, argumentando que la ley atenta contra la estabilidad laboral y los derechos de jubilación de los trabajadores del sector público.
Movilización anunciada para el viernes 11 de julio
En respuesta a la falta de pronunciamiento del Ministerio de Educación, la UNE ha convocado una
marcha para este viernes 11 de julio. La movilización comenzará a las 09:00 desde la Casa del Maestro, en Quito, y tiene como objetivo presionar a la Corte Constitucional para que priorice la revisión de su demanda contra la ley.
El Ministerio de Educación, hasta el momento, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las críticas a la circular ni sobre la movilización convocada. Mientras tanto, la UNE sigue coordinando esfuerzos con otras organizaciones para amplificar su reclamo.
Posición del Gobierno
Desde el Gobierno, se ha insistido en que la Ley de Integridad Pública no afecta la edad de jubila-
ción de los docentes. A pesar de ello, se ha planteado la posibilidad de iniciar conversaciones con representantes de sectores gremiales para revisarlos impactos de la ley y evaluar posibles ajustes.
Otra polémica: Las cooperativas de ahorro y crédito
Además de los reclamos de los docentes, la Ley de Integridad Pública también ha generado controversia en el sector financiero. Las cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador han expresado su rechazo a la disposición transitoria décima primera, que establece que algunas cooperativas deberán transformarse en bancos.
Según la ley, dentro de los noventa días posteriores a la posesión de los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, se emitirá una regulación para identificar a las cooperativas de ahorro y crédito que deben transformarse en bancos.
Esta medida busca proteger los ahorros de los depositantes y preservar la estabilidad financiera de las cooperativas, previo a un análisis de riesgo sistémico y de interconexión. (I)
