Este lunes 18 de agosto del 2025 la Corte Constitucional convocó a las partes implicadas a la audiencia en la que se escucharán sus argumentos sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública, pero, el Gobierno y la Asamblea piden que se la difiera.
A través de un comunicado, la Asamblea Nacional informó que solicitó a la Corte que respete lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, que otorga 15 días para preparar una defensa, plazo que se habría reducido a 7 días.
“Esto afecta la posibilidad de presentar una respuesta a la altura de la exigencia técnica que el caso amerita y de la responsabilidad social que un asunto de esta naturaleza representa para el país”, argumentó la Asamblea Nacional, presidida por Niels Olsen (ADN).
Con un argumento similar, Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República, hizo la misma petición a la Corte Constitucional: que se aplace la audiencia prevista para el lunes y que se les otorgue los 15 días que les otorga la ley para presentar su argumento.
Según Andino, el plazo de 15 días solicitado correría desde el 8 agosto, cuando se notificó a la Presidencia de la República.
Sin embargo, la Corte informó sobre la admisión de las demandas el 4 de agosto y esta es la fecha que se habría considerado para contabilizar los 15 días de plazo para convocar a la audiencia, el que cual cumple efectivamente el 18 de agosto del 2025.
Suspensión de la norma
La Ley de Integridad Pública ha recibido tres demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que fueron unificadas; además, como medida preventiva, ante una posible vulneración de derechos, los jueces suspendieron provisionalmente la disposición transitoria undécima.
La mencionada disposición establece un plazo de 90 días para que la nueva Junta de Regulación Financiera y Monetaria identifique a las cooperativas de ahorro y crédito que deben transformarse en bancos.
La aceptación a trámite y la suspensión de varios artículos de la Ley Orgánica de Integridad Pública, de la Ley Orgánica de Inteligencia y de Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, desencadenó en sendos ataques por parte del Gobierno hacia la Corte Constitucional, que incluyó una marcha de protesta.
