Esta es la primera de una serie de ediciones que presentará El Mercurio con análisis de las preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2025, que será este domingo 16 de noviembre.

En la actualidad la Constitución de Ecuador prohíbe la instalación de bases militares extranjeras. Esta restricción, vigente desde 2008, fue una respuesta al cierre de la base de Manta, en Manabí, que operó bajo convenio con Estados Unidos hasta 2009.

El presidente Daniel Noboa ha impulsado una reforma constitucional que será sometida a referéndum el próximo domingo 16 de noviembre, donde se consultará a los ecuatorianos sobre la posibilidad de permitir este tipo de instalaciones.

La primera pregunta propone eliminar las prohibiciones. ¿Qué dice actualmente la Constitución? El artículo 5 de la Carta Magna, aprobada en 2008, señala: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.”

Es decir, ninguna fuerza extranjera puede instalarse o usar bases militares en territorio ecuatoriano.

¿Qué pasaría si gana el ‘Sí’? El artículo 5 se reduciría a una sola frase: “El Ecuador es un territorio de paz”. Con esta modificación se eliminarían las prohibiciones actuales y podrían volver las bases extranjeras.

La pregunta planteada

Por ello, la pregunta del casillero A, en la papeleta del Consejo Nacional Electoral, señala: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

El abogado Carlos Estarellas explica que, en caso de que el “Sí” se imponga en esa pregunta, no significa que enseguida se instalarán las bases militares extranjeras.

Para esto, primero debe firmarse un instrumento que establezca los objetivos y alcances de esa cooperación. De dichas negociaciones deben encargarse las cancillerías, las Fuerzas Armadas y las instituciones de ambos países relacionadas con el tema. Luego, este documento pasará a revisión y aprobación de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional.

Criterios divididos

Hay varias posturas en torno a este tema. La analista María Gallegos considera que una base extranjera podría mejorar las capacidades tecnológicas del país en vigilancia, inteligencia y entrenamiento, además de generar empleo e inversión en infraestructura local.

Sin embargo, advierte que “la presencia militar no eliminará las causas estructurales de la violencia” y que cualquier acuerdo debería incluir control parlamentario y civil, límites temporales y geográficos, y transferencia tecnológica hacia las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Para el docente Jean Paul  Pinto, si gana el “Sí”, el Gobierno debería seguir el modelo africano, que tuvo bases de Francia en varios países. Argumenta que ahora los países africanos cambiaron las bases por acuerdos estratégicos de defensa.

 “Francia hace cooperación muy puntual: equipos, inteligencia”. Para Pinto, eso necesita Ecuador más que tener bases extranjeras. A su criterio, las bases militares no van a frenar todos los delitos. “Las bases ayudarán en temas puntuales como narcotráfico y migración ilegal, no en delitos internos como robos o extorsiones”, dijo.

Inteligencia

En cambio, para el exagente de inteligencia y experto en seguridad Cléber Carrión, las bases militares extranjeras son necesarias. Explicó que la base anterior tenía como finalidad ayudar a cuidar el perfil costanero y operar con radares para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Dijo que la Policía de Ecuador ya es parte de Interpol y Europol y que, con ello, ya han venido agentes de inteligencia extranjeros para investigaciones.

Las alternativas para las bases si gana el ‘Sí’

Estado Unidos no sería el único país interesado en fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad. Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, informó que también hay conversaciones entre Ecuador y Brasil.

Detalló que, entre los temas, existe la posibilidad de establecer bases de cooperación conjunta con Brasil. Como alternativa, se analizan ciudades como Orellana y Sucumbíos, provincias amazónicas que enfrentan la problemática de la minería ilegal.

El objetivo sería reforzar la presencia institucional y combatir el crimen organiza-do. La vocera puntualizó que las iniciativas siguen en fase preliminar y se definirán cuando haya resultados de la consulta popular y del referéndum. Daniel Noboa también mencionó a Manta y Salinas como posibles ciudades para la instalación de las bases. (I)