Las cifras de muertes violentas en Ecuador estremecen. Según los datos preliminares de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de noviebre de este año se registraron 8.272 homicidios intencionales, superando ya las 8.248 muertes contabilizadas en todo 2023.
La información presentada por el Gobierno, sin embargo, genera dudas. El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el 85 % de las muertes violentas corresponde a personas con antecedentes penales. No obstante, ese porcentaje no ha sido detallado públicamente, lo que alimenta cuestionamientos sobre su metodología.
Si el país cerrara el año con 9.000 muertes violentas, como proyectan algunos análisis, unas 7.650 corresponderían a asesinatos entre bandas criminales y 1.350 serían víctimas colaterales, según la propia estimación basada en las cifras del ministro. “Es el resultado de todas las intervenciones que hemos hecho como Gobierno”, sostuvo Reimberg al defender su gestión.
Operativos
El funcionario informó que, en los dos años del Gobierno de Daniel Noboa, se han ejecutado casi 3.000 operativos. Las estadísticas policiales ubican al Distrito Metropolitano de Guayaquil (Zona 8), que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón, como la jurisdicción con los niveles más altos de homicidios, al acumular 2.760 casos, muchos de ellos ataques armados que han dejado familias enteras asesinadas.
Le siguen Los Ríos (1.147 casos), Manabí (1.141), interior de Guayas (893), El Oro (633), Esmeraldas (291), Quito (233) y Santa Elena (203), según el corte de la última semana de noviembre.
Para el experto en seguridad Fernando Fonseca, la falta de claridad en el manejo de las cifras por parte del Gobierno, la Policía y la academia dificulta comprender la verdadera magnitud del fenómeno. “Estamos en una etapa de enfrentamientos entre bandas. Hay disputas en territorios consolidados y otros en los que intentan asentarse. Pero también hay muchas víctimas colaterales”, advierte.
Guayas
Fonseca señala que provincias como Guayas y otras de la Costa concentran gran parte de esta dinámica violenta por su importancia portuaria, la disputa por rutas de tráfico y el interés de grupos criminales en mantener el control territorial. Los registros del Ministerio del Interior —actualizados hasta finales de octubre — reportan 7.553 homicidios intencionales, de los cuales 91 % corresponde a hombres, 8,6 % a mujeres y 0,4 % a casos no determinados.
Las principales víctimas son jóvenes: 2.689 tenían entre 25 y 34 años, y 1.651 entre 18 y 24. El 88,6 % de los crímenes se cometió con arma de fuego; el 6,4 %, con arma blanca. Pese a los operativos policiales y a decisiones como la declaratoria de conflicto armado interno y la militarización de cárceles, que lograron una reducción inicial del 14,4% de homicidios respecto a 2023, el efecto no se sostuvo y la violencia volvió a escalar hasta niveles sin precedentes.
Bajo el gobierno de Daniel Noboa, el país suma 15.561 asesinatos. Para financiar la estrategia de seguridad, el Ejecutivo incrementó el IVA del 12 % al 15 % en abril del 2024.
