Tras la aprobación de la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), la pugna entre las autoridades locales y el Gobierno central no ha cesado, sino que se ha agudizado. Las demandas de inconstitucionalidad en contra de la normativa comenzaron a llegar a la Corte Constitucional (CC).
La principal queja de los GAD es que la norma vulnera los derechos de las personas más necesitadas, pues obligará a realizar recortes en los proyectos sociales. Mientras que, desde el Gobierno acusó a las prefecturas de no realizar las obras de dragado de los ríos que les corresponde, por lo que les responsabilizó de las inundaciones que afectan a las provincias de la Costa.
Municipio de Quito anuncia la demanda
Tras la aprobación de la Ley que regula los gastos de los GADs el Municipio de Quito se verá obligado a recortar de su presupuesto 459 millones de dólares. Este 24 de febrero del 2026 el alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz, sometió a votación de los concejales de la ciudad los rubros que se eliminarán.
“Hagamos un ejercicio, decidan ustedes qué cortar, quitemos toda cultura, son 25 millones de dólares, si quitamos toda educación es 50 millones, todo lo de inclusión son 125 millones de dólares, quitemos todo salud son 34 millones”, señaló Muñoz, quien puntualizó que el Metro de Quito también se quedaría sin financiamiento.
El Consejo Metropolitano resolvió interponer una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra de la Ley, a la que se señala por vulnerar la autonomía de los GAD por carecer de socialización previa y por afectar la sostenibilidad de la educación y salud municipal, además de todos los proyectos sociales del Municipio.
UNE presenta demanda de inconstitucionalidad
Este 24 de febrero del 2026, la Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó la primera demanda de inconstitucionalidad en contra de la denominada Ley de GAD. El abogado patrocinador de la causa, Wladimir Andocilla, señaló que la normativa afecta la autonomía y la descentralización.
“Establece mecanismos coercitivos contra los GAD que no apliquen la regla de destinar el 70 % del para la inversión y 30 % al gasto corriente, afectando con recortes presupuestarios”, afirmó el jurista.
Además, según Andocilla, la ley violenta el principio de descentralización y también el principio de progresividad en derechos, porque se deja a niños y personas de la tercera edad sin atención; además de que se vulnera el derecho a la educación de los estudiantes de las escuelas municipales.
Separar lo ideológico de lo jurídico
Para el constitucionalista Ismael Quintana, al revisar la posibilidad que tienen las demandas de inconstitucionalidad de ser aceptadas por el Corte Constitucional (CC), se deben hacer dos análisis, uno político e ideológico y otro jurídico, considera que en el primero existe un “alto riesgo” de que la norma sea suspendida por los jueces constitucionales.
“Desde lo político e ideológico, es probable que la Corte se baje la ley, no por razones jurídicas, sino por ideológicas, porque esta Corte es dada a temas de progresismo y activismo judicial”, afirmó el constitucionalista.
En cuanto a lo jurídico, para el experto la norma no tiene vicios de inconstitucionalidad, ni en el mecanismo de aprobación, como ocurrió en normas anteriores; ni vulnera la descentralización y la autonomía de los GAD, pues no les dice en qué gastar, sino que aplica una regla que ya existía en la Constitución. (I)
Más noticias
