El 2 de abril de 2027 terminará el contrato que la Empresa de Movilidad (EMOV EP), del Municipio de Cuenca, mantiene con el consorcio Traffic Safety Azuay (TSA) para administrar 10 radares de velocidad instalados en esta ciudad.
El convenio fue firmado el 27 de agosto de 2018, durante la administración de Marcelo Cabrera como alcalde, con el propósito de contribuir al control de velocidad y reducir los accidentes de tránsito.
Los equipos están instalados en las avenidas Ricardo Durán, Ordóñez Lasso, González Suárez y en la zona del Hospital del Río. Desde 2018 han generado aproximadamente 17 millones de dólares en multas.
El convenio establece que el 63 % de lo recaudado corresponde a la EMOV EP y el 37 % a TSA. Ese reparto hace que una parte de los ingresos termine en manos privadas.
En términos económicos, la empresa pública debe transferir al socio privado entre 3,3 y 3,5 millones de dólares anuales, en promedio, de acuerdo con el monto recaudado.
La terminación del contrato abre una discusión para la próxima administración municipal: mantener la participación privada mediante un nuevo acuerdo o asumir directamente la operación de los equipos.
El nuevo alcalde asumirá el cargo en mayo de 2027, unas seis semanas después de que termine el convenio. Así, el futuro de los radares llegará a su mesa y deberá tomar una decisión.
Capacidad
Para Fabián Ledesma, exconcejal de Cuenca, la primera alternativa debería ser que los radares pasen a la EMOV EP. Considera que la institución tiene capacidad, tecnología y recursos para administrarlos.
Ledesma sostiene que ya no hay el argumento de que la ciudad carece de experiencia para operar radares, porque Cuenca ha trabajado durante años con estos sistemas de control y conoce su funcionamiento.
El exconcejal recuerda que anteriormente se cuestionó la capacidad pública para manejar esta tecnología. Sin embargo, cree que esa experiencia ya fue adquirida y puede ser aprovechada por la EMOV EP.
“No hay sentido, no hay lógica” en derivar nuevamente esta actividad a un tercero, sostiene Ledesma. A su criterio, la EMOV EP puede asumir el servicio sin recurrir a otro operador.
Pero el debate, para Ledesma, no debería centrarse únicamente en mantener o retirar radares. También se debe fortalecer la educación vial como una política permanente. La prevención, dice, debe sostener el control.
El exfiscalizador considera que las campañas educativas no pueden hacerse únicamente de manera esporádica o cuando existe una coyuntura, sino que deben formar parte de la planificación institucional.
“Si bien es cierto lo han hecho en su momento, pero esporádicamente”, señala Ledesma. Para él, la educación debe ser transversal y acompañar las acciones de control de la empresa pública.
Ledesma no descarta que Cuenca necesite más radares en determinados puntos, pero plantea que su instalación debe responder a estudios técnicos, jurídicos y económicos que justifiquen cada ubicación.
Calibración
Una posición similar tiene Lauro López, también exconcejal, quien considera que los radares son necesarios como mecanismo de vigilancia, siempre que funcionen con calibraciones técnicas y bajo parámetros éticos.
López sostiene que la educación y la prevención son fundamentales, pero advierte que la conducta de los conductores también cambia cuando saben que existen controles efectivos y vigilancia en las vías.
Desde su experiencia como conductor, afirma que los accidentes pueden aumentar cuando los usuarios saben que no hay mecanismos de vigilancia. Por ello, considera que los radares sí cumplen una función.
Sin embargo, López plantea que estos equipos no deben convertirse en un mecanismo confiscatorio ni en un negocio. Para evitarlo, cree necesario fortalecer los controles sobre su funcionamiento.
El exconcejal propone que un organismo competente verifique las calibraciones y garantice que las mediciones sean correctas. También considera indispensable una señalización clara para los conductores.
Sobre los recursos recaudados, López plantea que el dinero generado por las sanciones debe regresar a la ciudadanía mediante campañas de educación, prevención y seguridad vial en el cantón.
“Dinero que se obtiene de manera sancionatoria, no tienen que ir a bolsillos privados”, sostiene López. Su propuesta es que las multas financien acciones para prevenir nuevas infracciones.
Seguridad
Geovanni Sacasari, abogado y catedrático universitario, también considera que la administración debería quedar en manos de la EMOV EP, porque se trata de una actividad vinculada directamente con la seguridad vial.
Sacasari cuestiona que el esquema actual permita que una parte importante de los ingresos por infracciones beneficie al privado. A su juicio, el contrato favorece de forma considerable al operador.
“Siempre debería manejar la entidad pública especializada en el tema”, sostiene Sacasari. No obstante, advierte que antes de decidir se debe revisar con detalle el contenido del contrato y sus condiciones.
El abogado explica que estos instrumentos pueden contener cláusulas sobre renovaciones, terminaciones anticipadas o indemnizaciones. Por eso, considera necesario revisar primero las obligaciones vigentes.
Sacasari señala que, si el contrato termina por cumplimiento del plazo, concluyen las obligaciones y beneficios derivados del acuerdo, salvo que existan liquidaciones pendientes entre las partes.
A partir de entonces, explica, Cuenca tendría que escoger entre contratar nuevamente a un privado, con las mismas o distintas condiciones, o asumir directamente la administración mediante la EMOV EP.
Pone como ejemplo la revisión técnica vehicular, servicio que durante años estuvo en manos privadas y luego pasó a la administración pública. Para él, ese antecedente puede orientar el debate.
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