Siete médicos y un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) fueron detenidos el 21 de septiembre del 2026, en 11 allanamientos que se realizaron en Guayaquil, Quito y Morona Santiago, acusados de colaborar para que el narcotraficante albanés Dritan Rexhepi evada las presentaciones periódicas ante la justicia, pero, este caso no es nuevo, data de hace más de tres años.

En abril del 2023, cuatro meses antes de que fuera asesinado, el exasambleísta Fernando Villavicencio denunció las irregularidades que se habrían producido en la presentación periódica que se le ordenó a Rexhepi, cuando quedó en libertad al cumplir solo siete de los trece años de la sentencia que le dio por narcotráfico.

Villavicencio puso en evidencia que, de los 37 registros que realizó Dritan Rexhepi en el SNAI, entre el 11 de noviembre de 2021 y el 10 de noviembre de 2022, en 16 ocasiones justificó la inasistencia con certificados médicos, que avalaban supuestos problemas producto de una enfermedad catastrófica que aseguraba tener: lupus.

Los médicos involucrados

Hace tres años y cinco meses, cuando Villavicencio denunció el caso ente la Fiscalía, señaló como responsables a 17 personas, incluidos el albanés, el juez Diego Poma, que falló en varias ocasiones a favor del narcotraficante; el defensor público Jorge Sánchez; siete funcionarios del SNAI, seis médicos del Hospital Guasmo Sur y un amigo del sentenciado que mintió sobre su domicilio.

Más de tres años después se detuvo a siete médicos, quienes habrían sido los responsables de emitir los 16 certificados médicos con los que se le otorgó reposo por períodos de 30, 45 y hasta 60 días, la mayoría de veces por supuestos problemas cardíacos.

El reposo más largo que se le dio fue desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 29 de enero de 2023, con este documento el abogado del albanés logró que se le justifique la inasistencia a la presentación judicial ante la Unidad de Reinserción Social del Guayas.

En estas fechas Rexhepi ya no estaba en el país, existen registros de que salió del Ecuador, por Rumichaca, el 7 de septiembre del 2022, desde donde se trasladó a Turquía, donde fue detenido el 10 de noviembre del 2023.

Luego fue trasladado a su país natal, Albania, donde enfrenta procesos por narcotráfico y por el secuestro y desaparición de una persona; la planificación de este delito la habría realizado desde Ecuador, mientras estuvo detenido.

La estrategia que empleó en Ecuador para escapar del país solo confirma su alias del ‘rey de las fugas’, por antes de llegar al país habría huido de varias prisiones europeas.

Registro de la huella dactilar

Cuando Rexhepi no estaba supuestamente enfermo, acudía a la presentación periódica, pero, según documentos que en su momento presentó Fernando Villavicencio, los registros tenían inconsistencias en las firmas, la rúbrica cambiaba constantemente, es decir, se la falsificaba.  

Además, según informó el ministro del Interior, para el registro de la huella dactilar se empleó un guante de látex en el que estaba impresa esta información del sentenciado.

Para la justificación de la inasistencia fue clave la participación del funcionario del SNAI que también fue detenido, pues habría sido el responsable de avalar la asistencia presencial del narcotraficante, cuando en realidad ya ni siquiera estaba en Ecuador; además, permitió el registro de la firma y la huella dactilar que no correspondía al procesado.

El olvido del caso

Pese a que en abril del 2023, hace tres años y cinco meses, el exasambleísta Fernando Villavicencio denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado, con una serie de pruebas contundentes, el caso quedó en el olvido durante todo este tiempo.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó con asombro que esta investigación estaba “en el cajón del olvido”, en el que se lo pensaba guardar hasta que esto se cierre, no se siga la investigación y se la archive.

Mientras, según señaló el ministro, la red de médicos que entregaban certificados médicos a procesados o sentenciados, a cambio de dinero, seguía operando desde los hospitales públicos, permitiendo que personas privadas de la libertad puedan escapar de las manos de la justicia o que no hagan las presentaciones periódicas.

Según Reimberg, para destrabar el caso el policía que tenía a su cargo la investigación tuvo que solicitar el cambio de fiscal, a una unidad especializada, solo ahí se pudo llevar adelante la operación, la cual se reactivó hace ocho meses.