La propuesta del Gobierno de convocar a una Asamblea Constituyente, para elaborar una nueva Constitución, ha generado cuestionamientos por parte de diversos sectores sociales y políticos, además de connotados constitucionalistas del país. Y esto no sólo por el alto costo económico que significaría su realización, que incluiría algunos procesos electorales, sino porque no tendría una intención clara y, además, no serviría para resolver los grandes y graves problemas del país en materia económica, social, institucional y de seguridad.
Desde sectores que defienden una verdadera institucionalidad democrática se ha insinuado que el Gobierno tendría la intención de, a través de la Constituyente, tener una Constitución a su medida, que permita un mayor control de las diversas instancias del poder estatal por parte del Ejecutivo, es decir, una Constitución con tendencias no sólo presidencialistas (como ocurre ahora) sino totalitarias. Precisamente estas tendencias, opuestas a un ejercicio plenamente democrático del poder, empezarían a manifestarse cuando el Ministro de Gobierno anunciaría la posibilidad de que quienes integren la Asamblea Constituyente no sean nombrados por el pueblo en elecciones, sino a dedo.
Por otro lado, sectores sociales han declarado que la intención gubernamental sería la de, mediante una nueva Constitución, anular una serie de derechos económicos, sociales y civiles para las personas, amén de los derechos que permiten defender la naturaleza; lo cual se enmarcaría en el objetivo de promover en Ecuador un proyecto neoliberal, extractivista y privatizador extremo.
De su parte, el Gobierno pretendería justificar la Constituyente porque, según su visión, el nuevo culpable de los problemas que vive el país sería la actual Constitución. Sin duda que ninguna Constitución es intocable y por esto mismo la actual ha tenido modificaciones sucesivas, vía enmiendas o vía reformas parciales, y esto desde el Gobierno de Correa hasta el de Noboa. Por esto mismo cobra fuerza la idea de que, en vez de una nueva Constituyente, si hay que hacer cambios a la Constitución se recurra a esas vías. Hasta tanto, ante los urgentes problemas que hoy vive el país, el tema de la Constituyente no debe usarse como un nuevo distractor. (O)