La discrepancia es parte natural de toda democracia. Lo preocupante es cuando, bajo la bandera de la divergencia, se busca imponer una sola visión, desconociendo la ley, las instituciones y los derechos de los demás. Eso es lo que ha ocurrido con una acción de protección interpuesta contra el Estado por el proyecto minero Loma Larga, en la que se desestimaron graves acusaciones como daño ambiental o alteración social, pero que paradójicamente fue acogida solo por el componente de consulta previa.
Como medida de reparación, la Corte dispuso cuatro acciones que hoy han sido cumplidas por el Ministerio de Ambiente y de Energía y Minas: se ejecutó una consulta ambiental, se elaboró un informe biótico, se desarrolló un estudio hídrico específico para la zona de Kimsacocha, y se abrió un proceso participativo. Estas acciones no son solo gestos legales: son respuestas concretas a preocupaciones legítimas de la comunidad.
Porque sí, la preocupación por el agua, la biodiversidad y la convivencia social es absolutamente legítima.La buena noticia es que todas estas inquietudes fueron escuchadas y abordadas con rigurosidad en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su correspondiente Plan de Manejo. No se trata de una minería improvisada ni concebida desde un escritorio, sino de un proyecto técnico, auditado y sustentado en más de 20 años de investigación, con una línea base construida a partir de 171 estudios científicos y académicos independientes.
Por eso es momento de dar paso a la tranquilidad. El Azuay merece la oportunidad de romper con el pasado e impulsar una minería sostenible, demostrar que sí es posible hacer las cosas bien. La imposición no puede disfrazarse de lucha social, ni el miedo convertirse en política pública.
La reflexión es clara: no se trata de quién grita más fuerte, sino de quién construye con más responsabilidad. Todos tenemos derechos, pero también deberes con la verdad, la ley y el futuro. (O)
