Un término a la medida de nuestra realidad social es la violencia que asola nuestras ciudades y afecta de grave malestar a la nación que respira inseguridad, la paz que tanto deseamos es una aspiración mundial pero aquí en Ecuador tiene un adversario contumaz en el delito cuantificado por el crimen organizado, que desde el año 2009, luego de que la base de Manta fue sacada por decisión del presidente de ese entonces se agudizó aún más con su denominada “metida de las manos en la justicia” más las absurdas garantías para los incursos en delitos de toda magnitud, al punto que las mafias contaminan el sistema para mantener en vilo la seguridad jurídica.
Cada día en las noticias se da cuenta de los asesinatos consumados. La alevosía y premeditación con que se cometen es una parte del eslabón delincuencial que se multiplica con violaciones, abuso y extorsión, robo, plagio y más delitos que deben ser sancionados con el rigor de la ley, sin embargo, jueces sin criterio o criterio sesgado por el prevaricato sentencian pese a la peligrosidad del encausado y el daño causado en el sinuoso contexto del mal entendido garantismo penal.
Se ha señalado que la causa de la delincuencia es la limitación de las condiciones estructurales de la sociedad pero nos encontramos con la paradoja de exigir la solución inmediata y total de los problemas sociales y, a la vez nos oponemos a las medidas de reforma jurídica que debe ser de carácter integral como el COIP o, descalificamos con miopía calculada la inversión privada nacional e internacional, los acuerdos crediticios, la producción petrolera y minera con las debidas garantías técnicas de preservación ambiental en especial las fuentes de agua; ante ello, cabe preguntar: ¿a dónde vamos y qué es lo bueno para la sociedad? O, se pretende que la violencia y el desajuste social sea por siempre la condición dogal de todos los días. (O)