La eficiencia pone de manifiesto la capacidad que tiene una entidad para obtener el máximo resultado a partir de un conjunto dado de insumos. Medir la eficiencia, no es tarea fácil. A la hora de evaluar la selección de las variables insumos/resultado es una cuestión de vital importancia. Por tanto, la reciente salida de alrededor de los 5.000 empleados puede considerarse muy acelerada, pues no se ha sustentado qué inputs y outputs fueron considerados en el análisis. Si en la empresa privada la medición es cuestionable, con mucha más razón en el ámbito público, recordando que no todo lo privado es eficiente ni todo lo público es ineficiente.
En 2024, el Estado destinó USD 9.862 millones para pagar sueldos de los empleados o servidores públicos lo que representó un incremento de 123.5 millones frente a 2023. En los últimos 10 años el gasto anual en sueldos de la burocracia ha sido alrededor de los USD 9.100 millones. El gasto público en salarios es el más alto, pues representa el 42 % de todo el gasto en el Presupuesto General del Estado. En el primer semestre de 2025 el gasto en nómina fue de USD 4.718,6 millones es un gasto muy superior al de la obra pública. Mas allá del comportamiento de los gastos en los últimos años, resulta clave contrastar dicho comportamiento con el experimentado por los ingresos en el contexto de la nueva ley de integridad pública.
Existe un problema en relación con la medición del desempeño de las entidades públicas ya sea individual o colectivamente ya que no existe una medida inequívoca de la produccion de los servicios públicos. La eficiencia en el sector público no puede ser evaluada únicamente por la reducción del personal o la disminución de gastos, sino que requiere un análisis riguroso de la relación entre insumos y resultados. (O)