La narrativa del gobierno es pulcra, técnica: se trata de eliminar duplicidades y optimizar la carga burocrática del ejecutivo, reduciendo en 41 % el gasto en salarios y ahorrando 140 millones de dólares anuales, desvinculando a más de 5.000 servidores públicos. Concedido: la burocracia representa aproximadamente el 9 % del PIB (uno de los más altos de la región) y la liberación de recursos en gasto corriente permite ampliar la inversión. Sin embargo, la economía, como la vida, rara vez es tan lineal, por lo que habría que preguntar si no estamos confundiendo la eficiencia con el desmantelamiento de la institucionalidad estatal.
Los recortes indiscriminados, sin un análisis técnico, pueden debilitar la capacidad regulatoria y de planificación del Estado, provocando que el ahorro de 140 millones se diluya en el deterioro de los servicios y el debilitamiento de algunas funciones esenciales. Los agudos proceso de reducción del Estado a finales de los años 80 derivaron en una histórica contracción del PIB, un aumento del desempleo y una incapacidad estatal para proveer servicios básicos, de la que nos costó décadas recuperarnos.
Además, esta suerte de implosión controlada del Estado, tiene un rostro humano que confronta la contabilidad de la eficiencia, con la otra contabilidad: la del miedo y la violencia. Según el economista y premio Nobel Gary Becker, esta decisión de ahorrar en la nómina pública tiene una peligrosa externalidad: el incremento de la delincuencia, causado por la expulsión de miles de trabajadores a un mercado laboral donde es virtualmente imposible conseguir empleo.
En efecto, según los datos del Índice de Paz Global 2025, la violencia le ha costado al Ecuador 19.758 millones de dólares en el último año. Desde este punto de vista, el ahorro de 140 millones que proyecta el gobierno, representa apenas el 0.7 % del costo anual de la inseguridad. Dicho de otra manera, la vaina podría costar 140 veces más que el machete.
Entonces. ¿Se trata esto de una reforma bien pensada o de un hachazo a ciegas para lograr ahorro fiscal? O, mejor dicho, ¿estamos ante un proceso real de optimización o ante una amputación ideológica de consecuencias imprevisibles? Supongo que pronto lo sabremos… (O)