El Neoinstitucionalismo sostiene que, aunque las decisiones políticas son tomadas por individuos, estas suelen estar condicionadas por los valores y normas de las instituciones a las que pertenecen. Autores como March y Olsen destacan que este enfoque se sustenta en cuatro elementos: a) su carácter estructural dentro de la sociedad o forma de gobierno, que puede manifestarse formalmente (burocracia) o informalmente (red de organizaciones); b) su estabilidad en el tiempo, que permite predecir comportamientos; c) su capacidad de influir y restringir el comportamiento individual de sus miembros; y d) la existencia de valores compartidos que orientan la acción institucional.
En un país como el Ecuador, donde con frecuencia se privilegia la figura de los individuos o de los políticos de turno, la empresa ETAPA EP constituye un claro ejemplo del neoinstitucionalismo. Durante más de siete décadas, ha demostrado, mediante decisiones técnicas, compromiso institucional e impermeabilidad frente a la coyuntura político-clientelar, que es más importante garantizar servicios públicos de calidad para la ciudadanía que responder a liderazgos políticos transitorios.
Asimismo, ETAPA refleja en gran medida el carácter del cuencano. Desde su creación en 1948 para brindar los servicios públicos de electricidad, agua potable y telefonía, sus fundadores prefirieron asumir el reto de manera autónoma antes que esperar las dádivas del gobierno central. Esta actitud se evidencia también en el funcionamiento de la ciudad, donde han sido los ciudadanos, y no los gobernantes, quienes han sabido sacarla adelante.
La descentralización funciona cuando no solo se transfieren competencias, sino cuando se las administra mediante modelos de gestión sólidos, con valores y con un cuidado real del patrimonio público, entendido como de todos y no del gobierno de turno.
Al igual que cualquier otra institución, la empresa ha cometido errores y puede cometerlos en el futuro; sin embargo, es fundamental comprender que su rumbo está guiado por la excelencia en la prestación de los servicios públicos y su compromiso socioambiental, y no por intereses políticos o clientelares. (O)
@andresmartmos