Dialogar es también un derecho ciudadano y una obligación de nuestros gobernantes. No es un privilegio, es una necesidad urgente. Para que estos diálogos se traduzcan en un beneficio mutuo para las partes. La paralización de los servicios públicos, más allá de establecerse en la Constitución una norma que prohíbe, el gobierno debe llegar a acuerdos con los ciudadanos y ellos cumplir con la obligación de evitar la suspensión de los servicios, que generan la vulneración de los derechos de terceros. Para garantizar la paz social y la eficacia del Estado, es imprescindible construir puentes de comunicación.
Dialogar permite identificar los problemas reales, evitando que el conflicto escale. Trabajar por el bien común siempre será la premisa de gobernar escuchando y dialogando. La Constitución y las leyes vigentes establecen varias instancias de participación ciudadana, que nos permiten de manera temprana diagnosticar, planificar y diseñar políticas públicas en conjunto, evitando que demandas acumuladas terminen en una confrontación entre gobernantes y gobernados.
La legitimidad del diálogo y restaurar la confianza en las instituciones públicas siempre serán importantes para la gobernabilidad. Somos una sociedad que participa activamente, sin vulnerar las normas, la Constitución y el derecho de terceros. Este es un llamado a conversar antes de interrumpir los servicios públicos, vulnerando el derecho de terceros.
Los diálogos podrían ser efectivos siempre que se mantengan condiciones esenciales, como la transparencia, que el gobierno comparta información; representatividad, para ello deberá convocarse a distintos sectores, considerando nuestra diversidad social; y finalmente compromiso real que se traduzca en un objetivo último, acciones concretas, plazos caros y mecanismos de seguimiento. El diálogo siempre será la vía más inteligente, para que el país avance en beneficio de todos. (O)
X: @monicabanegasc
