Hace pocos días, el presidente Noboa ha vuelto a mencionar la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para que elabore una nueva constitución política para el país. Con tal fin, el ejecutivo incluiría una pregunta en la próxima consulta popular, según la cual se preguntaría al electorado si está o no de acuerdo en tal convocatoria. Poniendo los pies en el suelo, que no deja de ser una buena práctica y, en las actividades políticas aún más, el primer escollo que tendría que pasar el plan en ciernes sería que la Corte Constitucional apruebe la pregunta. Luego vendría la consulta y la necesidad de una respuesta afirmativa por parte del electorado, en cuyo caso, recién se comenzaría a vislumbrar el nacimiento de una nueva Asamblea Constituyente.
¿Es el clima actualmente reinante en el país, un clima favorable para una campaña electoral para elegir a los futuros asambleístas constituyentes?, ¿deberá seguir funcionando la actual Asamblea Nacional mientras dure el funcionamiento de la flamante Asamblea Constituyente?, ¿obtendrá el ejecutivo y su partido mayoría en el nuevo ente legislativo?, ¿lograrán introducir en el documento todas las innovaciones que son motivo de su preocupación?, ¿creen que será fácil manejar todo el embrollo, respetando las leyes y los procedimientos, y sin salir lastimados, políticamente hablando?
Tengo la convicción de que la actual constitución debe ser reformada, en temas como el de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, el de la disminución del número de asambleístas, el de las sanciones políticas, etc, pero, asimismo, tengo la convicción de que para ello se deben utilizar los mecanismos legales menos cruentos y quizá hasta más expeditos. Creo que los acuciantes problemas por los que el país viene atravesando, desde hace tiempo atrás, no conforman un marco oportuno para enfrascarnos en un enésimo debate constitucional. Lo mejor sería que toda aquella energía, firmeza y dedicación que demandaría una nueva experiencia constituyente, se la utilizara en la lucha contra la inseguridad, contra la corrupción y en el control de los hospitales públicos. (O)