En los últimos años, individuos y colectivos han recurrido a diversos mecanismos para la protección del ambiente. Desde acciones derivadas de la democracia directa, como la consulta popular (ejemplo: Yasuní ITT), pasando por el litigio ambiental estratégico (caso río Machángara en el Distrito Metropolitano de Quito), hasta llegar a las manifestaciones ciudadanas, cuya eficacia se ponía en duda, hasta que se produjo la marcha por el agua en Cuenca bajo la consigna “Quimsacocha no se toca”.
Resulta relevante cómo una convocatoria eminentemente ciudadana logró integrar a pobladores de zonas urbanas y rurales, así como a gremios profesionales, sindicatos, la academia y múltiples actores, unidos en defensa de las fuentes hídricas. Como era de esperarse, el reclamo ciudadano repercutió en el gobierno nacional, cuya respuesta fue la suspensión del proyecto de explotación minera “Loma Larga”. Sin embargo, surgen interrogantes sobre la efectividad de esta decisión, contenida únicamente en un comunicado de prensa.
Desde lo jurídico, cabe señalar que la licencia ambiental fue otorgada por el gobierno central, a través del ministerio competente, por lo que una posibilidad es la declaratoria de lesividad del acto administrativo y proceder conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo.
De no ocurrir aquello, otra opción válida es que los individuos o colectivos que conforman el “quinto río” del 16 de septiembre acudan ante el Tribunal Contencioso Administrativo y demanden la nulidad de la licencia ambiental, argumentando que se emitió sin cumplir previamente la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, en particular respecto de la verificación de la consulta previa, libre e informada, y de la consulta ambiental.
En mi opinión, solo así podrá cerrarse un capítulo de la conflictividad socioambiental del austro y abrirse nuevas vías para el bienestar, bajo la coordinación entre el gobierno y la sociedad civil. (O)
@andresmartmos