Hablando del paro indígena, la primera conclusión es que el epicentro del problema generado en Otavalo demuestra a la CONAIE dividida en muchos grupos, hasta más no poder. Tanto así, que desconocieron a sus representantes, y ayer se seguía debatiendo si el paro continúa, con la participación detonante de la alcaldesa, develada como una figura política militante de la RC, quienes ahora y siempre apoyan la desestabilización del país. Si no son ellos no es nadie.
Lo segundo, todo el grupo de empresarios de las localidades en Imbabura, siguieron trabajando con muchísimas dificultades, pero al fin pusieron su contingente para que el país no sufra más por estos hechos.
Hay personas en desacuerdo con la gestión de Daniel Noboa y sus ejecutorias; pero una gran mayoría de ecuatorianos está consciente que todo este manoseo por parte de los contrabandistas y la industria del narcotráfico no puede ser beneficiada con un precio del diésel subsidiado.
La tan anunciada paralización pacífica no existió, y este 2025 no fue diferente a lo ocurrido en 2022 y 2019. Las pérdidas en Imbabura se calculan en 50 millones de dólares, pero las imágenes que recorren el mundo muestran el salvajismo con el cual se reclama, si hasta quisieron derribar un helicóptero.
Mientras en otras ciudades no se vivió el paro, hubieron hechos muy lamentables como las explosiones de un coche bomba en los alrededores del Mall del Sol en Guayaquil, y en los puentes de Churute y Mollopongo, con saldos de muerte, heridos y daños materiales; «lo que no han logrado con su llamado al paro, algunos están intentando conseguirlo a través del terrorismo», señalaba enfáticamente el ministro de infraestructura y transporte.
Hemos dicho en esta columna, que los problemas del indigenado no son diferentes a los sufridos por los montuvios, negros, cholos y demás grupos étnicos en el Ecuador. Viven en condiciones precarias, a pesar de los esfuerzos desarrollados desde el poder estatal y el apoyo de la sociedad. Por ejemplo, la gran cruzada por disminuir la desnutrición infantil a cargo este momento de la vicepresidenta Pinto, demuestra una preocupación estatal inmensa en este tópico.
El presidente Noboa, deberá trabajar muy duro para eliminar la corrupción en la salud pública, incluido el IESS, con denuncias casi diarias de descomposición en los niveles de dotación de medicinas, turnos imposibles de conseguir, y ahora con el sonado caso de abuso de confianza de dos funcionarias de la institución, ocurrido en Cuenca.
En estos 22 días de paro el riesgo país subió en 200 puntos, esta métrica es desastrosa para el Ecuador, porque ahuyenta la inversión extranjera, que de hecho es ya baja comparada con países vecinos como Perú, en donde a pesar de la inestabilidad política por haber tenido 6 presidentes en 7 años, tienen una Constitución que garantiza el modelo económico de crecimiento, lo cual en el Ecuador no existe y por eso la Asamblea Constituyente que ojalá se aprobada por el pueblo ecuatoriano, blinde de manera positiva a los inversionistas y obtengan seguridad jurídica y puedan crecer con sus planes de desarrollo. El 16 de noviembre será el día, para cambiar la ruta constitucional. (O)