La atención mediática de estos días va de la mano con la agenda electoral. En un país polarizado y expectante, la claridad en las vocerías debería ser una regla ética del poder. Pero en Ecuador, la confusión parece haberse convertido en estrategia. Cuando los discursos se contradicen y las decisiones se anuncian con ambigüedad, el resultado no es la deliberación democrática, sino el miedo. La ciudadanía busca certezas, no acertijos.
Uno de los blancos de mayor manipulación ha sido la Constitución de Montecristi. Se la acusa de proteger a los delincuentes, aunque hasta ahora nadie ha mostrado un solo artículo que lo sustente. La afirmación de la vicepresidenta de la Asamblea, Mishelle Calvache, sobre un supuesto “triaje preferencial” para personas privadas de libertad fue desmentida con firmeza por el gremio médico: en Ecuador —como en el resto del mundo— la prioridad en atención se define por la gravedad del paciente, no por su condición legal. Lo contrario sería una violación flagrante de la ética profesional.
En materia ambiental, los mensajes son igualmente preocupantes. Voceros afines a la campaña del “Sí” han sugerido eliminar el derecho a la naturaleza de la nueva Constitución, abriendo paso a una política extractivista que pondría en riesgo conquistas ciudadanas como las consultas sobre la protección del Quimsacocha, Yasuní o el Chocó Andino. No se trata solo de un cambio jurídico, sino de un retroceso civilizatorio: borrar el principio que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos sería borrar la conciencia ecológica que Ecuador enseñó al mundo.
La educación pública tampoco ha escapado del desconcierto. Un portavoz gubernamental afirmó que “las universidades no son para todos” y que no habría razón para sostener su financiamiento estatal. Con esas palabras dejó abierta la sospecha de que la nueva Constitución —de apenas 180 artículos, según el presidente Noboa— podría debilitar el derecho a la educación superior gratuita.
Pero donde más se nota el desgaste de la credibilidad presidencial es en los temas sensibles del presente. Primero fue la base militar en Galápagos, luego su inmediata negación. Ahora es el subsidio al gas: la vocera Carolina Jaramillo agregó un inquietante “de momento” al anuncio de que no se eliminaría, dejando a millones de familias en incertidumbre. Son frases pequeñas, pero revelan una gran verdad: el problema no es la medida, sino la palabra.
Un gobierno que cambia de discurso cada semana no gobierna con liderazgo, sino con improvisación. La comunicación no es solo un canal, sino parte del ejercicio del poder. Y cuando la palabra oficial pierde coherencia, el poder se desdibuja. (O)
@avilanieto
