El 23 de noviembre el Presidente Daniel Noboa cumplió dos años al frente del Gobierno de Ecuador, motivo propicio para hacer un breve análisis de su gestión en este periodo.

En lo económico, no obstante que inicialmente logró reducir el déficit fiscal, este déficit actualmente ha crecido nuevamente. Y si bien el Gobierno ha reivindicado una reducción de denominado “riesgo país”, los indicadores de crecimiento económico y de empleo resultan en realidad bajos.  

En general, la gestión económica del Gobierno se ha centrado básicamente en cumplir las medidas económicas acordadas con el FMI, entre las cuales resaltan el aumento del IVA al 15%, el despido de miles de empleados públicos, la reducción de las inversiones en obra pública, el aumento del precio del diésel, la reducción o la poca ejecución de los presupuestos especialmente del área social, etc.  Todo esto ha ido acompañado de un aumento del endeudamiento público.

En lo social, y a contrapelo de las cifras o de la propaganda gubernamental, se ha asistido a una profundización de la crisis en el sistema hospitalario público y en el IESS, a un mayor deterioro de la educación pública y (en general) de los servicios públicos, a un sistema vial que acusa una destrucción creciente, etc. La ausencia de una verdadera política social (que combata las causas de la desigualdad y la pobreza) ha sido sustituida por constantes entregas de dádivas y bonos a diversos grupos sociales, entrega que se ha multiplicado en las vísperas de elecciones.

Por otro lado, a pesar del promocionado “plan fenix” y de la captura a algunos líderes de las bandas narcodelictivas, lo más preocupante ha sido el incremento inusitado de la inseguridad, los secuestros, las extorsiones y los asesinatos. Según las propias cifras oficiales, en el marco los dos años de gestión gubernamental, se han producido más de 15.500 asesinatos; y, en 2025, la tasa de homicidios llegará a la cifra escalofriante de 52% por cada 100 mil habitantes.

Finalmente, en lo político, en estos dos años se ha profundizado la crisis institucional del Estado, con irrespetos a la Constitución por parte del Ejecutivo, el control de las otras Funciones del Estado, y una permanente confrontación con sectores sociales y políticos críticos al Gobierno. (O)