Varios artistas y personalidades pagadas por el gobierno de Correa recorrieron el Oriente ecuatoriano mostrando las “manos negras” como producto de la campaña en contra de Chevrón (anteriormenteTexaco) lo cual le costó al Ecuador 10 millones de dólares; así, aparecieron ante la comunidad internacional Luis Eduardo Aute, el actor norteamericano Danny Glover, los políticos brasileños del ala de Lula, Emir Sader y Alberto Almeida; la periodista española Montserrat Ponsa, la activista Antonia Juhasz y Gayle McLaughlin alcaldesa de Richmond, en California.
A la empresa se le acusó de haber vertido deliberadamente miles de millones de galones de residuos tóxicos entre 1972 y 1990 en la selva amazónica, causando gravísimos daños ambientales, a la salud, y al entorno geográfico de la zona, dejando una larga herencia de contaminación y una batalla legal internacional descomunal.
No era una cuestión de adivinos pensar que la sentencia fraudulenta del juez de Lago Agrio Nicolás Zambrano, iba a tener resultados positivos para el Ecuador. Este delincuente, en 2012, un año después del fraude contra Chevron, fue destituido por el Consejo de la Judicatura y luego premiado con el cargo de Analista Legal, en la fantasmal Refinaría del Pacífico. Los principales demandantes Steven Donziger, abogado estadounidense con historial de procesos penales en las cortes federales de Nueva York, y Pablo Fajardo, principal abogado ecuatoriano detrás del fraude contra Chevron, fue vinculado a casos ligados al gobierno de Correa, quien según varios medios habría recibido al menos $ 80.000 del servicio de inteligencia SENAIN y otros $ 100.000 por el caso Arroz Verde. Según los denunciantes, 4 Pelagatos y diario Expreso, “el dinero habría sido para llevar adelante la campaña de extorsión contra Chevrón”.
La historia de esta trama, que hoy obliga mediante un laudo ejecutable y definitivo a pagar al Ecuador 220 millones de dólares, se inicia con el ofrecimiento al juez Zambrano por parte de los abogados demandantes (Dozinger y Fajardo) de 500.000 dólares para que fallara a su favor y firmara la sentencia redactada por ellos mismos. En 2014, una corte de EE. UU. encontró que esta sentencia fue resultado de fraude y extorsión. En 2018, un tribunal internacional bajo la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya llegó a la misma conclusión. Zambrano no pudo responder preguntas básicas.
El procurador general del Estado Juan Carlos Larrea, ha dicho que pueden haber opciones procesales tras este fallo.
El problema central y que el pueblo de a pie demanda, es la activación del derecho de repetición, contemplado en el Art 11 de la Constitución y el Art 67 de la Ley de garantías constitucionales: “El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas”., para que los autores de este fraude judicial, que buscaba encontrar dinero este si “negro”, paguen sus desatinos, y no estén orondos caminando como si nada ha pasado.
Aunque suene trillado, los politiqueros chuecos quisieron que gane el NO, para que no funcione el arbitraje internacional. (O)
