El debate sobre la flexibilidad de las tasas de interés en Ecuador ha dejado de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en un problema social de gran magnitud. El actual esquema de techos máximos, aunque concebido para proteger al consumidor, ha terminado excluyendo del sistema financiero formal a miles de pequeños comerciantes, emprendedores y personas con mayor perfil de riesgo, empujándolos hacia el crédito informal.
Cuando la ley impide que las tasas reflejen adecuadamente el riesgo y los costos reales de intermediación, el crédito deja de fluir hacia los segmentos más vulnerables. En particular, el microcrédito se vuelve inviable para la banca formal, no por falta de liquidez, sino porque la rentabilidad no compensa el riesgo asumido. El resultado es predecible: menor oferta de crédito formal y expansión del mercado ilegal, donde los intereses alcanzan niveles usureros y se imponen mediante amenazas y violencia. Frente a esto, una tasa flexible, supervisada y transparente no significa desprotección, sino mayor acceso, competencia y formalización. La evidencia empírica demuestra que los mercados financieros con tasas más flexibles logran una mejor asignación del crédito, siempre que exista regulación prudencial y supervisión efectiva. Ecuador cuenta con un sistema bancario solvente y líquido, capaz de asumir este reto.
Flexibilizar las tasas no es favorecer a la banca, sino ampliar la inclusión financiera, reducir la informalidad y bajar el costo del financiamiento de quienes hoy financian su actividad económica en condiciones extremas, más cuando está bajando el nivel de riesgo país, que contribuye a conectar las decisiones políticas con el costo del crédito y el valor de los ahorros, apuntando al bienestar del país. (O)
