Como madre de tres jóvenes no puedo leer con distancia las noticias sobre nuevos asaltos en zonas cercanas a universidades. La técnica del delito —la amenaza, el despojo rápido, la huida— se resume en pocas líneas en los medios, pero para quien lo vive no se trata de una estadística: es una experiencia que deja miedo, rabia y una sensación de vulnerabilidad difícil de borrar. Durante décadas, Ecuador fue visto como una isla de relativa seguridad entre países golpeados por la violencia, y Cuenca reprodujo ese mismo relato dentro del país. Mientras otras ciudades empezaban a sentir con crudeza el avance del crimen organizado, la capital azuaya conservaba la imagen de refugio: ordenada, previsible, habitable. Digo era, porque hoy esa condición muestra fisuras evidentes. Asaltos a estudiantes universitarios, sicariatos en sectores residenciales como Las Pencas, hallazgos de cuerpos sin esclarecimiento oportuno y una vía estratégica —Guayaquil–Molleturo–Cuenca— marcada por robos reiterados configuran un escenario que ya no puede leerse como una suma de hechos aislados. Cuenca sigue lejos de los niveles más extremos de violencia del país, pero algo ha cambiado: la percepción de fragilidad se ha instalado y la ciudad comienza a parecerse, peligrosamente, al continente que la rodea.
El problema no radica únicamente en el aumento de los hechos delictivos, sino en la desarticulación entre competencias y resultados. El Municipio, dentro de su marco legal, debe continuar reforzando el control del espacio público y la prevención situacional; la Prefectura ha incidido de forma indirecta desde lo territorial y social, de manera específica ha colocado las estructuras de cámaras y pantallas en puntos de acceso. Sin embargo, la seguridad es competencia del Ejecutivo y en ese espacio la Gobernación, que concentra el mando de la política de seguridad en la provincia, no ha logrado traducir su responsabilidad en una estrategia clara, sostenida y comprensible para la ciudadanía. A esto se suma un factor estructural: Cuenca se ha convertido en destino de quienes huyen de la violencia en otras provincias, lo que incrementa presiones sobre la seguridad urbana y la cohesión social.
Técnicamente, el desafío exige inteligencia, coordinación interinstitucional y lectura territorial del delito; políticamente, demanda liderazgo y desprendimiento de banderas partidistas. Frente a la inseguridad, como enemigo común, solo caben políticas articuladas y una convicción compartida: proteger a Cuenca no es una consigna, es una responsabilidad urgente. Persistir en la negación o en la reacción tardía puede hacer que la ciudad pierda, no solo en cifras, sino en confianza, aquello que por décadas la definió como un lugar para vivir sin miedo. (O)
Caroline Avila Nieto
@avilanieto
