Cuando queremos pensar la ciudad, aparece en primer lugar, y como aspecto más relevante su materialización física en el espacio. Pero la realidad es que la ciudad entendida de esta manera, expresa un vaciamiento importante de su contenido, y esto no es casual. La administración de la ciudad, entendida como urbis, es decir solo como ciudad construida, puede desembocar en graves distorsiones porque, en primer lugar, la ciudad debería ser entendida, no como un conjunto de edificaciones, sino como una comunidad humana donde se gestan formas de interacción para sostener la vida. Estas interacciones establecen la sustancia misma de lo político, de ahí, aunque sea una perogrullada decirlo, surge la condición del ciudadano, es decir de aquel que pertenece a una comunidad política que le asigna las reglas del juego de la convivencia. Esas reglas son decisiones discutidas, establecidas, aceptadas, por los mismos ciudadanos, que no pueden actuar desarticulados de aquello que les permite existir. Entonces la ciudad es un territorio eminentemente político, pero también lo es en un sentido ético, porque la ciudad no solo organiza la vida material, sino las formas de comportamiento de las personas, de tal manera que genera y articula los principios, los valores y las virtudes de los ciudadanos. La ciudad, en la medida que es espacio público y político, también permite la cristalización de la palabra, la memoria, la identidad, y la gestión cultural. Pero en la actualidad, en gran medida debido a las distorsiones solipsistas de la propuesta neoliberal que exalta el interés individual y anula el interés colectivo, los ciudadanos deambulamos perdidos en una ciudad que ya no reconocemos como propia, que no se constituye como el lugar donde aprender a vivir en conjunto reconociendo lo que es valioso o lo que es justo, sino como un lugar ajeno, exclusivo y excluyente. Como un conjunto de edificios, pues. (O)