Por redes sociales la asambleísta Valentina Centeno (ADN) comunicaba con satisfacción que la Comisión de Desarrollo Económico había aprobado el documento para segundo debate de la reforma a la ley del COOTAD. Un trabajo que, por las inmediatas quejas expresadas por alcaldes, prefectos, vice prefectos, tanto críticos como afines al gobierno, no contó con sus comentarios, es más ni fueron recibidos en la Comisión para poder exponerlos.
¿Cómo se escriben leyes sin socializarlas con sus principales afectados? Fácil, cuando la intención no es mejorar sino controlar. Cuando lo importante no es fortalecer la gestión territorial sino imponer fórmulas. Porque eso es lo que está en juego. De aprobarse la reforma en el Legislativo, municipios, prefecturas y juntas parroquiales tendrán limitaciones reales para administrar sus fondos si no alinean sus gastos a los parámetros definidos desde el Ejecutivo.
Una actitud así solo se explica cuando la Asamblea, en lugar de ser el Primer Poder del Estado se reduce a brazo ejecutor del Ejecutivo para activar la agenda legislativa de Carondelet como si fuera instrumento de negociación y presión. En lugar de privilegiar el debate, buscar el consenso y la construcción colectiva y plural, esta Asamblea, repitiendo prácticas duramente criticadas en otras administraciones, ha sacrificado su independencia sin mirar las consecuencias que estas decisiones pueden generar. Así, la inversión en actividades sociales, turísticas, productivas o ambientales quedará supeditada a una lógica que no necesariamente entiende la diversidad de los territorios. Y detrás de cada programa que se frena no hay una cifra fría: hay familias que dependen de esos proyectos, hay empleo local y economías pequeñas que sobreviven gracias a esas decisiones autónomas.
Se podrá argumentar que existe un problema en la calidad del gasto, que la inversión debe optimizarse. Es un debate válido. Pero una cosa es exigir eficiencia y otra muy distinta es condicionar la autonomía presupuestaria hasta convertirla en subordinación. La descentralización no fue un gesto simbólico; fue el reconocimiento de que Quito no puede decidirlo todo. Que Cuenca no es Guayaquil, que Imbabura no es Manabí, que cada territorio sabe dónde le duele y dónde invertir.
Si esta reforma termina aprobándose tal como está, no será solo una modificación técnica al COOTAD. Será un mensaje político claro: la autonomía local se tolera mientras no incomode. Y cuando incomoda, se elimina. (O)
@avilanieto
