En los últimos días se ha agudizado la polémica y cuestionamientos por el proyecto de reformas al “Código orgánico de organización territorial, autonomías y descentralización” (COOTAD), sobre todo por las consecuencias que dichas reformas podrían traer al manejo financiero, los programas sociales y la autonomía de los Gobiernos Locales de Ecuador (Gobiernos parroquiales, municipales y parroquiales).
El Gobierno envío a la Asamblea ese proyecto de reformas, con el carácter de urgente en materia económica y bajo el argumento de que busca hacer “más sostenible y eficaz” el uso de los recursos públicos; sin embargo, la obligación que tendrían los GAD de usar el 70% de los recursos en inversión, y el 30% restante en gasto corriente, es una de las reformas que más cuestionamientos ha generado, pues muchos de los programas sociales que realizan los GADs en beneficio de sectores vulnerables de la población, y que requieren el pago de personal, podrían ser considerados como gasto corriente y, por tanto, eliminados.
Otro reparo mayor a dicho Proyecto de Ley es el de que violenta la autonomía de los Gobiernos locales y refuerza nuevamente el centralismo; cuestión que contradice la Constitución, pues esta califica a los Gobiernos parroquiales, municipales y provinciales precisamente como “Gobiernos autónomos descentralizados” (GAD).
Empero, más allá de las razones dadas por el Gobierno y de los cuestionamientos señalados, no se descartaría también la intención del Gobierno de golpear políticamente a la oposición (especialmente correista), pues esta está al frente de las Alcaldías y las Prefecturas de las principales ciudades y provincias del país, sobre todo si consideramos que 2026 será un año preelectoral.
Por otro lado. mientras el Gobierno dice estar preocupado por lograr una mayor inversión y evitar despilfarros por parte de los GAD, contradictoriamente de su parte lo que muestra es una insuficiente inversión pública (por eso tenemos, por ejemplo, hospitales públicos colapsados y un sistema vial deteriorado); amén de gastos injustificados en ciertos “bonos” (entregados en víspera de elecciones), en publicidad oficial abundante, o en el reciente arreglo de 3 baños (en el Palacio de Carondelet) por el costo de 130 mil dólares. (O)
