La propuesta de reforma al COOTAD que se debate en la Asamblea representa un serio retroceso para la vida cultural de los territorios. Al debilitar la obligación de los GAD de destinar recursos a la producción cultural, se pone en riesgo un ecosistema clave para la identidad, la economía local y la cohesión social, especialmente en nuestra provincia.

La cultura no es un lujo prescindible. En Azuay, los fondos públicos destinados a festivales, procesos comunitarios, formación artística y circulación cultural sostienen el trabajo de artistas, gestores, colectivos barriales y rurales, artesanas, músicos,  y portadores de saberes ancestrales. Reducir este financiamiento implica precarizar más un sector históricamente excluido y golpear cadenas productivas que dinamizan el turismo, la economía popular y solidaria y el empleo local.

La afectación no se limita a los grandes eventos. Procesos de largo aliento como escuelas comunitarias de arte, fiestas populares, agendas interculturales y espacios de encuentro ciudadano quedarían en la incertidumbre. En un contexto de crisis social y violencia, recortar la inversión cultural es también renunciar a una herramienta fundamental de prevención, memoria y construcción de tejido social.

Defender el financiamiento cultural es defender el derecho de los pueblos a narrarse, encontrarse y proyectar futuro. (O)

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