La Asamblea Nacional aprobó este 20 de febrero la Ley para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), enviada por el presidente Daniel Noboa con el carácter de económico urgente. La propuesta incorpora reglas fiscales para racionalizar el gasto y lograr eficiencia en el uso de los recursos por parte de los municipios y prefecturas.
Se proponen procedimientos de transparencia y rendición de cuentas de manera trimestral bajo la regla del 70/30: el 70% del presupuesto debe destinarse necesariamente a inversión, a obra pública: infraestructura, mantenimiento y servicios básicos de agua potable, saneamiento y vialidad; mientras que el 30% restante se destina al gasto corriente: pago de sueldos y remuneraciones.
Los municipios reciben del estado el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes, como la venta petrolera. Además cuentan con ingresos propios por impuestos, tasas y contribuciones. Sin embargo, estos recursos, en la mayoría de los GAD, no se utilizan de manera adecuada. La Contraloría General del Estado, tan solo en Azuay, detectó indicios penales en 151 auditorías realizadas, años 2024 y 2025; 18 de 19 informes presentan presuntas irregularidades en el manejo de los recursos otorgados.
A los municipios, prefecturas y juntas parroquiales se les denomina Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a partir de la Constitución de 2008. Sin embargo es tan solo una denominación. ¿Cómo puede ser autónomo y descentralizado un GAD con recursos tan exiguos y con poblaciones a servir más grandes que cantones como es el caso de las parroquias El Valle y Ricaurte? Las prefecturas defienden ser descentralizadas y autónomas, pero dependen completamente del Gobierno Central, como sucede en el Azuay, en la cual la autogestión es mínima.
La gota que derramó el vaso ha sido el dispendio en contratación de artistas y eventos para las diferentes fiestas de cada urbe. Para el caso de Cuenca el informe de Contraloría DPA-0031-2 reveló gastos cercanos a los $5,0 millones, durante los años 2024 y 2025. La mayoría de estas contrataciones son poco transparentes en casi todos los GAD, lo cual es deplorable al ser recursos públicos de la población entera. (O)
