La aprobación de la nueva Ley de Minería en Ecuador marca un punto de quiebre para los territorios, la democracia y la vida. Desde una visión socioambiental y ecofeminista, estas son cinco de las peores consecuencias que ya empezamos a enfrentar:
Profundización del despojo territorial: La ley prioriza la actividad minera sobre los derechos colectivos, facilitando la entrega de territorios campesinos e indígenas y debilitando la consulta previa, libre e informada.
Aceleración de la crisis hídrica: La minería metálica consume y contamina fuentes de agua en un país ya golpeado por sequías, afectando de forma directa la soberanía alimentaria y el trabajo de cuidado que sostienen principalmente las mujeres.
Aumento de la violencia y la criminalización: Donde entra la minería, crecen la militarización, la persecución a defensoras y defensores ambientales, y la violencia contra mujeres, niñas y comunidades que resisten.
Economía extractiva sin justicia social: Se refuerza un modelo que concentra ganancias en pocas manos, precariza el trabajo local y deja pasivos ambientales que pagan las comunidades.
Retroceso democrático y ético: Al debilitar controles ambientales y participación ciudadana, se normaliza sacrificar la vida por ingresos de corto plazo, ignorando alternativas económicas sostenibles.
Defender la vida, el agua y los territorios es responsabilidad histórica. Ecuador no necesita más minería; necesita justicia ambiental, cuidados y futuro. (O)
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