Análisis político
Una de las funciones básicas del Organo Legislativo del Estado, que en el caso de Ecuador se llama Asamblea Nacional, es la de fiscalizar los actos de las instituciones del poder público nacional; sin embargo, el cumplimiento de esta función aparece muy venida a menos, especialmente desde que el Gobierno actual logró consolidar una mayoría legislativa a su favor.
En efecto, la mayoría actual de la Asamblea Nacional se ha negado reiteradamente a fiscalizar, sobre todo a través de juicios políticos, a funcionarios de Gobierno Nacional que han asomado o han sido denunciados por su involucramiento en casos irregulares o de corrupción; uno de éstos últimos es el caso PROGEN, que ha conllevado un perjuicio para el Estado de alrededor de150 millones de dólares, por la compra de equipos para la generación de energía eléctrica inservibles. Sólo en los últimos días, por lo escandaloso del caso para la opinión pública, parece que se dará paso a un juicio político a la ex Ministra de Energía Inés Manzano.
Esta tónica en la actuación de la mayoría de la Asamblea Nacional contrasta con su actitud cuando se trata de hablar o de denunciar supuestas irregularidades que involucrarían a autoridades o políticos ligados a la oposición Aún más como ha habido una casi nula fiscalización a funcionarios o instituciones a los que la Asamblea debe fiscalizar, últimamente dicha mayoría (en “coincidencia” con los tiempos electorales) pretendería fiscalizar a autoridades que no están legalmente bajo su control, a saber, a Prefectos y Alcaldes cuyos órganos fiscalizadores son, respectivamente, los Consejos Provinciales y Consejos Cantonales.
Este comportamiento de “fiscalizar” a dedo o con dedicatoria también estaría presente en la Fiscalía General y otros órganos de control del Estado, como la Contraloría, el SRI, etc.; una situación que se explicaría por la falta de independencia de estos órganos con respecto a los intereses políticos del Gobierno de turno; pues en un Estado con una verdadera institucionalidad jurídica y democrática la corrupción hay que combatirla, con la misma agilidad y eficacia, en todos los casos; es decir, independientemente de los sectores políticos y de los Gobiernos en los que la corrupción afecte a los bienes públicos. (O)
