Análisis político
El concurso para la selección del Fiscal general titular de la nación, que durante un mes ha sufrido una suspensión, ha sido un proceso que ha recibido cuestionamientos por su falta de idoneidad y transparencia, cuestionamientos que comenzaron con la designación de la denominada “comisión ciudadana” que lleva adelante dicho concurso.
Es que para esa comisión fueron designados, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), personas que en la prueba obtuvieron un puntaje inferior a 25/50, es decir una calificación mala. Esta situación, unida a que otros miembros de la comisión son nombrados por otras instituciones del Estado que actualmente están controladas por el Ejecutivo, harían prever que lo se buscaría es lograr el nombramiento de un Fiscal subordinado al Gobierno, a través de un concurso manipulado y no auténtico, como lamentablemente ya ha pasado en Gobiernos anteriores.
Si esto finalmente se concreta, seguiríamos otra vez en el país con una Fiscalía General al servicio de los intereses políticos del Gobierno de turno, esto es con una Fiscalía de bolsillo, muy ágil y eficaz para armar o perseguir casos referidos a opositores políticos, pero muy lenta e ineficaz para perseguir las irregularidades y casos de corrupción que involucrarían a personajes políticos del Gobierno; amén de la lentitud y poca eficacia para combatir la delincuencia y criminalidad ( que en 2025 llegó al record histórico de más 9 mil asesinados en el país).
Aún más, actualmente en el país no sólo que se evidencia la presencia de un Fiscal General encargado que actúa bajo los lineamientos del Gobierno, sino que además ha sido objeto de críticas por haber sido nombrado por el Consejo de la Judicatura (que en el momento de este nombramiento fue presidido por el cuestionado Mario Godoy), y no por el CPCCS como correspondía legalmente.
En este contexto, la necesidad de contar con una Fiscalía General proba e independiente, de los Gobiernos de turno y de otros grupos de interés, no sólo que es una tarea urgente en la conflictiva situación de inseguridad que actualmente vive el país, sino que es una tarea indispensable para lograr que en Ecuador se instaure una institucionalidad estatal auténtica y plenamente democrática. (O)
