CON SABOR A MORALEJA

El correísta -no podía ser de otra manera- Baldor Bermeo, alias BB, quien fuera alcalde de Ponce Enríquez, fue detenido por ser un presunto financista del grupo criminal “Los lobos”. Antes de llegar a la alcaldía en el 2019, fue director cantonal de Alianza País. Conocido como el “príncipe minero”, Bermeo consolidó un emporio de empresas vinculadas a la minería ilegal, además de ser propietario de un equipo de fútbol y un medio digital.

Su prontuario judicial no es nuevo. En el 2022 fue procesado por un delito de sabotaje tras los bloqueos presentados en zonas dedicadas a la minería. Hoy enfrenta una investigación por lavado de activos y por utilizar la fachada de sus empresas para aparentar la legalidad de los recursos provenientes de la minería ilegal.

Durante el operativo en el que fue apresado, las autoridades allanaron cuatro empresas y decomisaron más de 245.000 USD en efectivo, dos vehículos, armas, municiones, celulares, computadoras, equipos de videovigilancia y placas de oro con la imagen del narcotraficante Pablo Escobar. Una colección de rigor que acostumbran atesorar los de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes.

El ministro del Interior se refirió a este sujeto como el principal financista de uno de los GDOs más sangrientos que hay en el país. En algunas detonaciones que se dieron en varios lugares, sobre todo en la provincia de El Oro para intimidar a la población a que nos salga de sus casas, los explosivos que se utilizaron pertenecen a una de las compañías y la minera de don Baldor. Este hecho permitió a las autoridades seguirle el rastro y a su círculo familiar también que estaba vinculado y nadaba en la mar de delitos que capitaneaba alias BB. Con esta detención se ha dado un golpe durísimo y certero a la economía de los GDOs.

Por otro lado, la Fiscalía -por fin- investiga a Leonidas Iza y Marlon Vargas por los presuntos delitos de delincuencia organizada, intimidación y actividad ilícita de recursos mineros en la hacienda Ila, ubicada en la provincia de Napo. La investigación se inició tras una denuncia formal presentada por la compañía Terraturismo S.A. legítima propietaria del terreno, la cual reportó ingresos clandestinos no autorizados, amenazas de desalojo por parte de los denunciados, riesgos de ocupación irregular y afectaciones ambientales por la minería ilegal en el sector.

¡Qué sigan las buenas noticias! (O)