El sector financiero popular y solidario (SFPS), conformado por cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas, representa una de las columnas vertebrales del sistema económico ecuatoriano. Así lo señaló Juan Pablo Guerra, gerente de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (UCACSUR).
Actualmente, este sector agrupa a más de 6,1 millones de socios a nivel nacional, administra más de 28.000 millones de dólares en activos y representa el 36 % del sistema financiero nacional.
Sin embargo, enfrenta desafíos. Aunque la morosidad ha disminuido del 11 % en al 8 %, persisten problemas como la inseguridad, la extorsión y el desempleo, factores que afectan la capacidad de pago de algunos usuarios.
Guerra indicó que, si bien no se cuenta con cifras exactas sobre los casos de extorsión, varios socios han reportado haber sido víctimas.
“Hemos puesto esto a consideración de las autoridades nacionales, porque es algo que se sale de nuestras manos, pero sí es nuestra responsabilidad ver cómo se le puede ayudar al socio a recuperarse justamente de estos efectos”, afirmó.
Inseguridad
Añadió que la inseguridad ha frenado la producción y la inversión en varias zonas del país.
“La gente tiene miedo de generar nuevos proyectos y ese miedo hay que irlo superando. La economía popular y solidaria es el mecanismo idóneo porque permite diversificar los riesgos y asumirlos de forma colectivamente. En lugar de tener un negocio una sola persona, puede ser gestionado por 20, y así se distribuye el riesgo”, explicó.
Guerra sostiene que el sector financiero popular y solidario cumple un rol importante en la dinamización económica, sobre todo en zonas rurales y comunidades con acceso limitado a la banca tradicional.
Edgar Peñaherrera, gerente de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (ICORED), señaló que, aunque el sector ha demostrado solvencia, capacidad y resiliencia ante las crisis, la colocación de créditos se ha visto afectada por la desaceleración económica.
“A pesar de las dificultades, nunca se cerró la llave del crédito. No obstante, la demanda ha disminuido porque la economía está estancada. Es urgente que el país implemente una política de reactivación económica efectiva”, aseguró.
Durante la pandemia las cooperativas canalizaron cerca de 8.000 millones de dólares en alivios financieros. Sin embargo, alrededor del 50 % de esos recursos aún no ha sido recuperado, principalmente debido a la inseguridad y la lenta reactivación de la economía.
Estas perspectivas se dieron ayer en un encuentro con medios de comunicación organizado por la UCACSUR e ICORED.
Política pública
Tanto Guerra como Peñaherrera coincidieron en la necesidad de una articulación política seria que permita visibilizar y fortalecer el potencial del SFPS. Ambos enfatizaron que el país requiere medidas concretas para superar la crisis: pago de deudas del Estado a proveedores, inversión pública e incentivos a la producción.
“Queremos promover un diálogo directo con el Gobierno Nacional, sentarnos en mesas de trabajo y establecer una agenda para la economía popular y solidaria. Esta debe incluir metas claras para construir un modelo económico más justo y sostenible”, subrayó Guerra.
En cuanto a las políticas públicas, expresaron su desacuerdo con medidas como la condonación de deudas, al considerar que generan una cultura de no pago. En su lugar, proponen procesos de refinanciamiento y restructuración de obligaciones para mantener la salud financiera. (PNH)-(I)
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