Mónica Quezada lleva 26 años trabajando en el sector público y es presidenta de la Asociación de Empleados del Municipio de Cuenca. Para ella, como para miles de funcionarios de carrera, jubilarse a los 60 años tras tres décadas de aportes, no solo era una meta, sino un plan de vida. Hoy siente que ese proyecto se ha puesto en riesgo.
“Con esta nueva ley nos obligan a trabajar cinco años más si queremos recibir la compensación económica que estaba establecida para la jubilación voluntaria. Si decido retirarme a los 60 años, después de 30 de servicio, me voy sin este beneficio. ¿Qué funcionario público puede planificar así su retiro?”, cuestiona Quezada.
Advierte que esto afecta no solo al jubilado, sino a toda su familia, sobre todo cuando a esa edad ya empiezan a requerir más atenciones médicas que ni siquiera están garantizadas en la red pública. “Vamos al Seguro Social y no hay medicinas y ahora encima nos quitan un derecho”, lamenta.
Para ella, el problema también tiene un impacto generacional. Esto al prolongar cinco años más la permanencia en los cargos, se limita la renovación del sector público y se cierran espacios para jóvenes profesionales.
¿Qué cambió?
El testimonio de Quezada refleja los cambios introducidos por la Ley Orgánica de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio de 2025, tras su publicación en el Registro Oficial
Una de las modificaciones está en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), que ahora condiciona la compensación económica por jubilación voluntaria a quienes tengan 65 años de edad, cuando antes bastaba cumplir 60 años con 30 años de aportes al IESS.
Los gremios laborales rechazan la medida. Edison Deleg, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), informó que, este 7 de julio de 2025, presentaron en Quito en la Corte Constitucional (CC) una nueva acción de inconstitucionalidad contra la norma.
“Esta ley es parte de una política antiobrera que obedece a imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que busca precarizar el trabajo público, limitar la acción sindical y alargar el tiempo de servicio para la jubilación con compensación”.
La demanda fue presentada por el FUT, el Frente Popular, empleados de la Empresa Eléctrica Quito y otras organizaciones sociales. Se trata del sexto recurso presentado contra la Ley de Integridad Pública.
Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, afirma que la norma abre la puerta a recortes de personal, lo que, aseguró, “achica” el Estado y facilita despidos.
Los gremios señalan que los artículos que regulan la evaluación de servidores públicos y la jubilación contravienen derechos adquiridos y principios constitucionales.
Deleg anunció además que, el viernes 11 de julio de 2025 se movilizarán en todo el país. “Exigimos la derogatoria de esta normativa y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales”, afirmó.
Frente de Defensa
Por su parte, Mónica Quezada informó que se conformó el Frente de Defensa del Sector Público, que la el 4 de julio marchó por las calles de Cuenca con la participación de empleados municipales, gremios de la salud y academia en rechazo a lo que califica como una ley “inconsulta y regresiva”.
Miguel García, dirigente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), indicó que la reforma afecta a cerca del 30 % del sector público que está próximo a los 60 años.
“Muchos compañeros tenían la expectativa de retirarse con su compensación. Ahora deberán esperar cinco años más o irse sin un centavo adicional tras décadas de servicio”, explicó.
La CTE analiza sumarse como Amicus Curiae a las demandas de inconstitucionalidad presentadas en la CC.
García agregó que, esta ley no solo sube la edad de la jubilación voluntaria con compensación, sino que incorpora evaluaciones que pueden terminar en “despidos arbitrarios”.
Los sindicatos sostienen que la Ley de Integridad Pública vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales previsto en la Constitución y esperan que la Corte Constitucional actúe con celeridad.
“Queremos que se declare inconstitucional. Esto afecta a todos los servidores públicos que estamos afiliados a la seguridad social, son alrededor de medio millón de personas bajo esta figura”, afirmó.
Evaluaciones
La ley también cambió el sistema de evaluación del desempeño. Ahora, un servidor público que obtenga tres calificaciones consecutivas de “satisfactorio” podrá ser destituido, cuando antes esa calificación permitía ascensos y estabilidad.
“Hoy un funcionario con calificación media termina fuera, mientras uno con calificación ‘regular’ puede seguir, sujeto a reevaluación. Es un absurdo”, afirmó.
Asimismo, se incorporaron las pruebas de confianza obligatorias, que incluyen desde evaluaciones psicométricas hasta polígrafo. Si un funcionario se niega, será causal de destitución.
Estas pruebas se suman a las evaluaciones periódicas del desempeño, aunque los dirigentes señalan que tienen un carácter más subjetivo, ya que buscan medir integridad y honestidad.
¿Qué es la compensación?
El abogado Paulo Gárate explica que aunque la Ley de Seguridad Social no ha sido modificada, es decir, los afiliados pueden jubilarse con 60 años y 30 de aportes; lo que sí cambió fue el derecho a la bonificación por antigüedad para el sector público.
Antes, quien cumplía los requisitos del Seguro Social podía retirarse voluntariamente y recibir una compensación económica por su carrera, en promedio entre 55.000 y 60.000 dólares. “Ahora, si quiere esa compensación debe esperar hasta los 65 años. Puede jubilarse antes, pero sin ese respaldo económico”, detalló.
Según Gárate, esto afecta directamente los proyectos de vida de miles de servidores públicos. “Hay personas que ya estaban por jubilarse y un día después de publicada la ley se quedaron sin derecho a recibir la compensación”, apuntó. (PNH)-(I)
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