Este jueves, 21 de agosto, Xavier Bermúdez cumple dos meses como gobernador de Azuay. Antes, fue concejal de Cuenca y también estuvo al frente del Ministerio del Trabajo en Azuay.
Bermúdez asumió su cargo con una clara promesa de mejorar la seguridad e implementar estrategias eficaces y sostenibles para reducir la delincuencia y garantizar la tranquilidad de la población.
Se comprometió a mejorar el servicio público y optimizar la atención y los recursos para los ciudadanos. Además, ofreció mantener una relación de respeto y colaboración con las autoridades seccionales.
Sectores antimineros han anunciado para este 23 de septiembre un paro indefinido en rechazo al proyecto minero Loma Larga. ¿Cómo toma el Gobierno Nacional este anuncio?
En este punto, y esto debe saber toda la ciudadanía, esto está en manos de un juez constitucional que ejecuta la sentencia de la segunda sala de lo civil. Nosotros hemos abierto todas las puertas de diálogo y queremos nuevamente invitar a todos los actores. No es un tema que pueda resolverse en manos gubernamentales; este es un juicio que data desde el año 2022. Si abrimos la puerta a las protestas, lo que veríamos es que no debería haber presión hacia el gobierno, sino hacia el juez. Hay que esperar, y yo más bien llamaría a ese compás de espera, porque cerrar las vías no lo veo adecuado. Estas protestas generan muchísimas pérdidas económicas.
¿Cuál es la posición, no como autoridad, sino como Xavier Bermúdez, frente a la minería en Azuay?
Nunca he dejado de tener consonancia con mi postura de que, primero, siempre es el agua. Esto lo tengo que ser claro, toda la vida lo hemos dicho. Pero ahora, dígame, ¿cuántas protestas se han hecho por la minería ilegal que está afectando Ponce Enríquez, Sígsig, Pucará, donde hay temas muy difíciles? También tenemos que darnos cuenta de eso, y esto no es un argumento para deslegitimar lo otro, pero debemos también abordar este tema en el espacio de debate. El Gobierno Nacional está haciendo una lucha muy fuerte sobre esta situación. Mi postura, lo he dicho siempre, es que, si me ponen a elegir, es el agua. Está claro, y lo debo decir de nuevo.
Hablando de minería ilegal, Camilo Ponce Enríquez se ha convertido en el epicentro de esta actividad en el Austro. ¿Qué acciones ha emprendido la Gobernación en este cantón y cuáles han sido los resultados?
Tenemos operativos diarios, CAMEX (Control de Armas, Municiones y Explosivos). Obviamente, la inteligencia militar y policial no nos deja publicar este tipo de circunstancias. En Sígsig también hemos tenido intervenciones, y vamos a seguir haciéndolo en otros sectores. La minería ilegal es la que más destruye, la que menos genera fuentes de trabajo y, además, destruye el ecosistema…
¿Cómo interpreta usted las declaraciones de Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, sobre el informe de ETAPA EP (Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado), calificándolo de falso y sugiriendo que se podría retirar al Municipio de Cuenca la administración del Parque Nacional Cajas (PNC)?
Yo infiero que esto se debe a que el informe debía haberse dado conjuntamente con el MAATE (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica) como uno de los parámetros que dice la sentencia. Ahora, en el tema de retirar las competencias, no estoy muy de acuerdo con eso. Por toda la experiencia, no solo de esta administración municipal, sino de toda la experiencia que tiene ETAPA EP manejando este parque, no creo que llegue a concretarse.
En otro tema, ¿cómo está la seguridad en la provincia de Azuay? Hay una disminución, por ejemplo, en las muertes violentas.
Estamos muy empeñados en que la seguridad en la provincia vaya incrementándose. Si usted ha visto, personalmente he estado a la cabeza de todos los operativos CAMEX. En el feriado, por ejemplo, no tuvimos ningún muerto, con un 90 % de ocupación turística, y los robos también descendieron. También están los operativos que hacemos con la intendencia y la comisaría. Solo este fin de semana tuvimos tres locales clausurados. La Policía Nacional realiza una gran labor diaria, y a veces no valoramos lo que la policía hace a diario.
Delitos como la extorsión o las llamadas “vacunas” a locales comerciales muchas veces no se denuncian, pero ocurren en Azuay. ¿Qué acciones está tomando la Gobernación de Azuay frente a esta problemática?
Estamos trabajando con la Policía Nacional y los estamos integrando a los barrios. También hicimos la primera capacitación a la Cámara de Comercio de Cuenca y a todos los agremiados sobre extorsión y vacunas. Ahora, lo que planificamos es organizar a los negocios pequeños.
Autoridades, actores políticos, activistas sociales y ciudadanos coinciden en que la cárcel de Turi es uno de los principales factores de inseguridad en la provincia. ¿Ha considerado el Gobierno Nacional su reubicación, dado que se trata de un pedido recurrente?
La reubicación no podríamos hacerla porque está presente desde hace muchísimos años. Lo que hay que recordar es quiénes nos pusieron la cárcel. Las sentencias y el uso de la cárcel lo dispone un juez, entonces aquí hay muchas cosas que discutir. Lo que sí debemos hacer es tener una cárcel que sea totalmente vigilada y bien vigilada, contando con aparatos tecnológicos que estamos tratando de obtener para mantenerla bien vigilada. Hemos visto que esta cárcel se ha mantenido con relativa calma.
¿Cómo está la relación del Ejecutivo, en este caso representado por usted, y los gobiernos seccionales como el Alcalde de Cuenca y la Prefectura de Azuay?
Tenemos una buena relación. Si usted ha visto, no ha existido una relación de insultos, más bien ha habido una relación de respeto. Cada uno con sus competencias, nosotros respetamos al señor alcalde y al señor prefecto, y ellos también nos respetan a nosotros. En seguridad, por ejemplo, ya tuvimos la mesa de seguridad y estamos trabajando sin ningún tipo de bandera, porque así debe ser. La política debe despojarse de esas banderas para llegar al bien ciudadano. Habrá, como siempre, como en toda democracia, diferencias de ideas, pero con el mayor de los respetos.
Para el 11 de septiembre se viene una marcha de trabajadores y otros sectores sociales en contra de las leyes impulsadas por el Gobierno Nacional. ¿Qué disposición ha recibido por parte del Ejecutivo?
Tenemos que evaluar la marcha. No vamos a reprimir, no somos un gobierno represor. Lo que sí tenemos que garantizar es que las personas tengan libre movilidad. Queremos que las marchas se lleven a cabo como se han estado llevando. La ley de seguridad pública y la optimización del Estado ha traído este tipo de circunstancias, pero esto no es ajeno al resto de los gobiernos; todos lo han hecho. Lo que pasa es que ahora se está haciendo con un tema técnico. En Cuenca y Azuay, las desvinculaciones están dándose estrictamente por temas de valoración de los puestos.
Ante el notable incremento de accidentes de tránsito en la provincia, ¿qué medidas está implementando el Gobierno para prevenir estos siniestros y garantizar la seguridad vial?
Estamos haciendo capacitación y prevención con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Tenemos controles bastante fuertes para generar también un control sobre las licoreras, que no les importa vender una botella de licor a alguien que ya está conduciendo. Esto puede provocar un accidente. El mes anterior tuvimos casi 1.500 casos de libadores que la Policía Nacional debió retirar. Esto es alarmante, la Policía Nacional está patrullando, y lo que nos hemos dedicado es a quitar borrachos. Este es un tema que, como sociedad, debemos generar conciencia, pues los espacios públicos se han convertido en lugares para beber.
¿Cómo está la imagen del presidente Daniel Noboa en la provincia de Azuay?
El presidente está haciendo una titánica labor de lucha contra la delincuencia organizada. El tema es muy difícil, estamos patrullando a diario, haciendo operativos y vemos que la seguridad debe ser el escudo de todos. El presidente es el único que ha generado temas muy puntuales contra la delincuencia organizada, y eso, para mí, es uno de los puntos más fuertes que tiene el presidente para enfrentar a estas mafias.
Con la próxima consulta popular en camino, ¿cómo tiene previsto la Gobernación de Azuay promover las preguntas y fomentar el respaldo ciudadano a esta iniciativa?
Las cuatro primeras preguntas planteadas por el presidente, nadie va a decir no a la reducción de asambleístas, por ejemplo. El electorado azuayo siempre es muy inteligente y lee las cosas, lee las preguntas.
¿Qué pregunta de la consulta considera usted que podría tener una mayor división de opiniones o estar más cerca de un resultado equilibrado entre el “sí” y el “no”?
La del contrato por horas es la que más está en el debate. Tenemos un código de 1938, un código industrial que no se ha reformado, sino con parches. Cuando se hacen parches, la ley no se adecúa a las realidades que vive una sociedad. Entonces, el tema del contrato por horas es la primera relación laboral, tiene todos los beneficios sociales y las aportaciones al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). No se les está mermando absolutamente nada, y se lo lleva al sector turístico, porque es el sector donde más eventualidad de contratación puede haber.
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