El número de conductores detenidos por manejar en estado de embriaguez aumentó un 25,3 % en Cuenca entre enero y septiembre de 2025, según datos de la Empresa Pública de Movilidad (EMOV EP).

Durante ese periodo, se registraron 1.377 detenciones, frente a las 1.099 contabilizadas en los mismos meses de 2024. Esta cifra representa un incremento de 25,3 %. Solo en enero, los casos pasaron de 69 en 2024 a 149 en 2025.

Accidente múltiple en Baños

Uno de los últimos accidentes que involucró a un chofer en estado de embriaguez se registró la noche del 24 de octubre de 2025 en la parroquia Baños. Un bus de transporte urbano provocó un siniestro múltiple que dejó 11 vehículos afectados y dos personas heridas, una de ellas fue intervenida quirúrgicamente.

El hecho se registró cerca de las 21:30 en la avenida Ricardo Durán. El conductor del bus presentó un nivel de 3,06 gramos de alcohol por litro de sangre y fue detenido en flagrancia.

En la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo el pasado sábado, la Fiscalía de Flagrancia imputó al ciudadano Luis Rolando L. G., como presunto autor directo del delito tipificado en los artículos 379 y 380 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sancionan las infracciones de tránsito con resultado de lesiones y daños materiales.

La defensa del procesado pidió medidas no privativas de libertad, alegando arraigo domiciliario y disposición para reparar los daños. No obstante, el Juez de Garantías Penales ratificó la detención por flagrancia bajo las circunstancias en las que se produjo el arresto. Dictó prisión preventiva, a cumplirse en el Centro de Privación de Libertad de Azogues.

Por otro lado, rechazó la medida cautelar de retención del vehículo, al no haberse demostrado que el bien fuera de propiedad de Luis Rolando L. G.

El proceso continuará bajo el trámite ordinario, con un plazo inicial de 30 días para la etapa de instrucción fiscal.

Responsabilidad

Diego Idrovo, presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, expresó su preocupación por el siniestro registrado en Baños y la necesidad de revisar los procesos de selección y control de los conductores.

Explicó que actualmente las operadoras son las encargadas de evaluar a los choferes, verificar su idoneidad y remitir los informes a la Cámara, que valida la documentación antes de emitir las tarjetas de habilitación.

Tras el accidente, Idrovo adelantó que se analiza incorporar evaluaciones psicológicas y otras pruebas complementarias para reforzar los procesos de ingreso al sistema, aunque precisó que no existe presupuesto dentro del esquema tarifario para aplicar controles de alcoholemia.

“Las pruebas de alcoholemia permanentes son inviables por costos y porque esa competencia corresponde a la EMOV EP. Sin embargo, queremos ser corresponsables en buscar soluciones”, añadió.

El dirigente señaló que el bus involucrado no se encontraba en servicio al momento del siniestro, sino que el conductor se dirigía a su lugar de descanso.

“Se vuelve complejo porque no se puede estar detrás de cada chofer. Cada quien sabe lo que debe o no debe hacer, pero esto nos obliga a revisar nuestros procedimientos”, aseguró.

Idrovo recordó que durante este año se ha capacitado a los conductores en temas como la política de tolerancia cero al alcohol y uso responsable de dispositivos móviles, entre otros temas.

En cuanto a los controles, la EMOV EP informó que ejecuta en promedio 17 operativos diarios —siete en la mañana, siete en la tarde y tres en la noche—, además de dos controles semanales en parroquias como Baños, El Valle y Ricaurte.

“El COIP tiene errores en materia de tránsito”

William Sangolquí, juez de la Unidad Judicial de Tránsito de Cuenca, señaló que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) presenta inconsistencias que dificultan la aplicación de sanciones.

“El COIP está tan mal elaborado en materia de tránsito que los jueces, para emitir sanciones, tenemos que remitirnos a otros artículos para determinar las penas”, indicó.

Como ejemplo, mencionó el artículo 379, que sanciona lesiones causadas en accidentes de tránsito. “Una persona puede recibir nueve años de prisión por lesiones, mientras que por muerte, la pena es de cinco”, señaló. El juez atribuyó este problema a un error en la redacción del texto.

Sangolquí señaló que las reformas que ha tenido el COIP no han corregido estos vacíos al no contar con base técnica ni con la participación de operadores judiciales especializados en tránsito.

En lo que va de 2025, Sangolquí ha juzgado a más de 450 personas por conducir en estado de embriaguez. En 2024, la cifra bordeó los 700 casos. Indicó que la mayoría de infractores son jóvenes entre 20 y 35 años. Los jueces de tránsito, dijo, procesan entre 70 y 100 personas por semana por este tipo de contravenciones.

Advirtió además que algunos procesos se dilatan por prácticas indebidas. “Hay conductores que abandonan el país y esperan la prescripción, que puede ocurrir entre cinco y diez años, lo que genera impunidad”, señaló. (I)

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