La Contraloría General del Estado identificó indicios penales y sugiere responsabilidades civiles (glosas) y administrativas por más de 5.5 millones de dólares, en el contrato suscrito por la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV EP) de Cuenca, para la implementación de radares.

La Contraloría General del Estado aprobó el informe general de auditoría No. DPA-0065-2025, correspondiente al examen especial al contrato de alianza estratégica, para la implementación de una plataforma integral de gestión, control y sanción de infracciones de tránsito a través de equipos tecnológicos (radares) en la autopista Cuenca – Azogues y diferentes puntos de la ciudad, suscrito entre la EMOV-EP y el Consorcio Móvil Technology Ecuador.

La acción de control centró su análisis en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2025.

Como resultado, se determinaron indicios de responsabilidad penal y se sugieren sanciones administrativas por 73.050 dólares y civiles por 5’486.799,02 de dólares.

Inicio con retrasos

El equipo auditor evidenció que los radares en Cuenca iniciaron sus operaciones con un retraso de 143 días, por falta de control de los administradores del contrato, quienes no realizaron las inspecciones de manera oportuna ni gestionaron el inicio de las pruebas preoperativas.

También se identificaron irregularidades en la etapa de implementación que no fueron comunicadas al Consorcio, relacionadas con la inspección de 32 dispositivos instalados en 16 diferentes puntos urbanos de la ciudad, ocasionando que no se pueda realizar el proceso sancionatorio de multa.

Así mismo, se establecieron incumplimientos en la homologación de los dispositivos, por lo que, no se pudo comprobar que los mismos cumplan con los parámetros previstos en el objeto del contrato.

Terminación del contrato

En cuanto a la terminación por mutuo acuerdo del contrato entre la EMOV EP y el Consorcio, la auditoría señala que esto se dio sin demostrarse la conveniencia para los intereses institucionales.

Adicionalmente, el monto de repartición de la cartera pendiente de cobro no tuvo sustento, al no considerarse las estadísticas de recaudación y la falta de cobro que afectó a las infracciones pendientes de recaudar, ocasionando un perjuicio a la entidad, por los montos no recuperados a favor de la empresa pública, que ascendieron a 4.887.856,81 de dólares.

A esto se suman deficiencias en la transferencia de información luego de la terminación por mutuo acuerdo del contrato e inconsistencias en los registros de las infracciones de tránsito generadas por los radares en Cuenca, durante su operación.

Empresa se endeudó para cubrir afectación

Pese a esto, la EMOV EP acudió al endeudamiento público para financiar las obligaciones de pago establecidas con el aliado estratégico, sin estudios que lo respalden, ocasionando que la entidad contraiga una deuda por 3 millones de dólares, sin analizar su conveniencia, sostenibilidad y el impacto en su economía; generándose intereses por 444.772,90 dólares, entre septiembre de 2023 y junio de 2025, totalizando un valor de 3’444.772,90.

En cuanto al funcionamiento de los radares que se colocaron en Cuenca, no se contó con reglamentación interna que lo regule, provocando un uso ineficiente de los recursos públicos, por la falta de aprovechamiento de estos bienes, los cuales estuvieron expuestos a obsolescencia, deterioro o daño, y generaron costos de mantenimiento, sin reportar beneficios para la empresa.

Esto afectó negativamente la seguridad vial de los peatones, ciclistas y otros conductores, e incrementó la probabilidad de que ocurran siniestros de tránsito en la autopista Cuenca – Azogues y en la avenida Enrique Arizaga Toral; y, un perjuicio económico por USD 154.169,31, correspondiente al consumo de energía y conectividad de equipos instalados.