María José C. M., quien está bajo investigación por presuntamente desviar fondos del Materno Infantil de Cuenca y a quien se desvinculó de sus funciones laborales, debe recuperar el cargo en el Seguro Social, según dispuso una jueza.
A María José C. M. se investiga por aparentemente desviar fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a su cuenta personal. Según la denuncia, entre febrero y julio de 2025, ella y otra funcionaria desviaron a sus cuentas 105.200 dólares.
En la Fiscalía General del Estado, reposan dos denuncias, un particular y otra por parte del Seguro Social de Azuay, en contra de dos funcionarias, incluida ella.
Tras su desvinculación del cargo, María José C. M. pidió una acción de protección para que se le restituyan sus funciones y recibió una respuesta favorable de la jueza que llevó la causa.
Resolución de restitución
La jueza que analizó la acción de protección, dio su veredicto el martes 13 de enero de 2026, durante la audiencia telemática en la que compareció la parte interesada.
La magistrada refirió que una vez analizados los hechos en su conjunto, considera que la vía adecuada para desvincular a la funcionara debió ser en sede administrativa.
Dijo que quizá se debió suspender a la servidora y abrir el sumario correspondiente o el cese de sus funciones por un tiempo determinado mientras dura la investigación.
No obstante, argumentó que el uso del cese del nombramiento provisional para evitar un sumario administrativo constituye una desviación del debido proceso.
Por esta razón, la jueza considera que se ha demostrado que ha existido una vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, al trabajo con estabilidad reforzada y al debido proceso.
Por ende, dispuso el reintegro de la funcionaria y que, en caso de tener las razones, argumentos y motivación suficiente, se le notifique en debida y legal forma con el cese de funciones.
Alegó que el IESS podrá continuar las investigaciones de malversación de fondos siempre que lo haga mediante el procedimiento que establece la norma, que es el sumario administrativo legalmente establecido, respetando el derecho a la defensa de la accionante.
Por tanto, sostuvo que debe entenderse la resolución como un acto de justicia técnica.
En resumen, la jueza procedió con la anulación del despido por la forma ilegal, pero reconoció la gravedad del perjuicio que se ha alegado en contra del Estado y de todos los aportantes al Seguridad Social.
Aclaró que no se otorga la impunidad constitucional, sino que se obliga a la administración a sancionar siguiendo lo que establece la norma.
Cuando la sanción esté firme, se puede revertir los hechos que han sido alegados dentro de acción judicial (acción de protección), dejándola en firme y estableciendo precedentes procesales para el futuro, cumpliendo lo que dispone la norma. (I)
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