Este 16 de junio, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en diez provincias, en las se incluye la provincia del Azuay. La medida estará vigente por 60 días. De acuerdo al decreto que firmó Noboa, al menos hay cinco razones por las que Azuay se incluye en este nuevo estado de excepción.
La situación de violencia, el nivel de riesgo, la minería ilegal, la persistencia de amenaza y el número de emergencias forman parte de las motivaciones de la decisión del presidente Noboa.
¿Qué pasa en Azuay, según el decreto?
La declaratoria se sustenta en informes de inteligencia que evidencian una situación de violencia sostenida y dinámica en la provincia. Según el informe reservado No. STIE-DOAIE-SD_IE-26-007 del Centro Nacional de Inteligencia, en 2026 se registraron 15 muertes violentas en Azuay: 14 en Cuenca y una en Camilo Ponce Enríquez. Las autoridades vinculan una buena parte de estos hechos a disputas territoriales para la venta de drogas.
Los informes del Ministerio del Interior y la Policía Nacional ubican a Azuay en nivel de riesgo elevado frente al tráfico de armas, municiones, explosivos y accesorios, con 22 eventos relevantes registrados entre el 1 de mayo y el 12 de junio de 2026. A esto se suma el incremento de la actividad de minería ilegal, identificada como un factor que ha fortalecido la presencia de estructuras criminales en la provincia.
El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 reportó que Azuay concentra el 17,3% de las emergencias relacionadas con tenencia, consumo y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización en el período analizado.
¿Qué pasa con la declaratoria del estado de excepción?
Se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en la provincia. Además, se dispone el empleo de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional y la posibilidad de requisición temporal de bienes y servicios lícitos para garantizar las operaciones de seguridad.
Esto no quiere decir que exista toque de queda en la provincia del Azuay, sino que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán hacer allanamientos inmediatos cuando existan indicios “objetivos y razonables” de que en el interior de las viviendas se oculten grupos de delincuencia organizada, o que sirvan como espacios de almacenamiento de municiones, explosivos o sustancias sujetas a fiscalización. (I)
