El cerro Monjas, ubicado en la parroquia Turi, al sureste de Cuenca, se encuentra en proceso de declaratoria de utilidad pública para proteger un polígono arqueológico de entre seis y nueve hectáreas identificado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
El Municipio definió el área en enero pasado y analiza los avalúos y las posibles indemnizaciones a los propietarios.
La declaratoria permitirá expropiar los terrenos, pero aún no existe una fecha para concretarla debido a que falta determinar el valor de los predios y la disponibilidad de recursos.
José Fajardo, concejal y presidente de la Comisión de Ambiente, explicó que el expediente se encuentra en revisión en las direcciones de Planificación y de Avalúos y Catastros. Este proceso permitirá establecer el valor del terreno, identificar a quienes acrediten la propiedad y completar los trámites previos.
En 2023 distintos colectivos plantearon la declaratoria del cerro como área protegida del cantón.
Pedro Mosquera, coordinador en Ecuador de Change.org, señaló entonces que el sitio tiene importancia cultural y ambiental por su relación con la historia cañari e inca, además de su valor natural dentro del área urbana de Cuenca.
Recordó que el cerro forma parte de la red de santuarios de altura del Azuay y alberga más de 35 especies de mariposas diurnas y cinco nocturnas.
Sitio arqueológico
El INPC registra al cerro Monjas Wayku como un sitio arqueológico con características de santuario de altura.
Según el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE), en el sector se han identificado evidencias arqueológicas como restos cerámicos y vestigios asociados a antiguos asentamientos y cementerios indígenas.
El lugar también es utilizado como mirador, espacio para actividades culturales y ceremonias andinas. Los estudios patrimoniales señalan que el cerro formó parte de la geografía sagrada de Tomebamba.
Historia del cerro monjas
La historia de la propiedad del cerro está relacionada con el origen de su nombre.
Antes de la reforma agraria, parte del territorio pertenecía a las religiosas del Monasterio del Carmen, de donde proviene la denominación cerro de Monjas. Luego, esas tierras fueron entregadas como huasipungos a trabajadores de su antigua hacienda y pasaron a diferentes familias.
Fajardo explicó que en la década de 1980 los padres Oblatos adquirieron tres predios con la intención de construir un monumento al padre Julio Matovelle.
Con el tiempo surgieron disputas sobre la titularidad de algunos terrenos, que deberán resolverse en las instancias correspondientes. “Quien sea dueño, con documentos en mano, podrá reclamar su indemnización”, indicó.
Otro aspecto bajo revisión es el cambio de claves catastrales de algunos predios. Fajardo ha solicitado información para conocer las modificaciones realizadas y señaló que el proceso continúa en investigación.
El financiamiento está pendiente. Fajardo recordó que el Municipio destina anualmente entre cuatro y cinco millones de dólares para indemnizaciones derivadas de procesos de utilidad pública, pero todavía no existe un cálculo del costo para la intervención en el cerro Monjas.
«He pedido la información para saber cuánto cuesta y, con esos datos, conversar con la alcaldesa subrogante porque esto depende de una decisión política».
Agregó que los recursos podrían incorporarse mediante una reforma presupuestaria.
La alcaldesa subrogante, Marisol Peñaloza, informó que pidió un informe técnico sobre el estado del trámite antes de emitir un pronunciamiento. “Envié al equipo técnico a una revisión y luego nos vamos a pronunciar sobre el tema”, manifestó.
Restricciones de uso en la zona
El polígono que podría ser expropiado corresponde únicamente al área arqueológica de entre seis y nueve hectáreas. El resto del cerro, cercano a 90 hectáreas, continuará bajo propiedad privada, aunque con restricciones de uso de suelo debido a sus condiciones ambientales y patrimoniales.
Control Municipal realiza inspecciones periódicas en el sector para verificar el cumplimiento de las normas.
En el último año se retiraron estructuras levantadas sin permisos y se sancionaron intervenciones que no contaban con autorización municipal. (I)
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