Pagos a funcionarios de la misma entidad contratante, desembolsos a personas naturales cuando las adjudicaciones recayeron en agencias publicitarias, sobreprecios y desvío de fondos, son algunas de las irregularidades que el legislador azuayo, Adrián Castro, expuso ante la alcaldesa subrogante de Cuenca, Marisol Peñaloza.
En un informe de 11 páginas, entregado a la primera autoridad de la ciudad el 31 de agosto de 2026, el asambleísta Castro reveló una aparente red dedicada a desviar fondos públicos mediante contratos de comunicación.
En la denuncia formal entregada a la alcaldesa Marisol Peñaloza, luego de analizar al menos cinco procesos de contratación, se detallan presuntas irregularidades como:
- Sobreprecios
- Pagos indebidos a funcionarios públicos
- Desvío de fondos en la contratación de pauta publicitaria
- Servicios civiles dentro del GAD Municipal del cantón Cuenca y sus empresas públicas
El hecho principal que destapó esta investigación fue una denuncia de 20 medios de comunicación y páginas digitales de Cuenca quienes demandaron falta de pago a la Municipalidad frente a la falta de respuesta de la contratista Priscila Janneth Flores Castillo.
Pago a directora de comunicación
Entre las principales novedades detectadas por el legislador Castro, quien ha sido uno de los mayores detractores de la administración del alcalde suspendido Cristian Zamora, es que una funcionaria de la entidad contratante, en este caso el Municipio de Cuenca, recibió dinero de una empresa contratada para publicidad con medios digitales.
El 12 de junio de 2025, la entonces Directora de Comunicación, Daniela Orellana, habría recibido un monto de 1.870 dólares, según los reportes de la misma contratista, refirió Castro.
De hecho, al ser la directora, Orellana fue quien suscribió y administró los contratos de pauta por parte de la entidad contratante.
A decir del Castro, “que la administradora del contrato figure recibiendo recursos de la contratista cuya ejecución debía controlar es, por sí sola, una situación que amerita investigación penal”.
Cuenta personal
Otro detalle detectado por el legislador durante el proceso de investigación es que, mientras los informes de necesidad de uno de los contratos por publicidad requerían contratar agencias publicitarias, las adjudicaciones recayeron sobre personas naturales.
Se trata del contrato RE-CSCD-GADC-2025-18862, en el que se identificaron dos cuentas bancarias clave dentro del contrato. Por un lado, una cuenta operativa destinada al pago de medios y productoras locales y, por otra, una cuenta de ahorros personal a nombre de la contratista Priscila Janneth Flores Castillo domiciliada en la provincia del Guayas, cantón Samborondón.
En este mismo contrato, estaban involucradas unas 20 páginas, entre medios de comunicación, cuentas digitales y productoras, a las que se realizaron transferencias por un monto de 100.805,15 dólares desde la cuenta operativa hasta junio de 2025.
No obstante, de julio 2025 en adelante, que coincide con la fecha de impago denunciada por 20 medios de Cuenca, se registran transferencias semanales desde la cuenta operativa hacia la cuenta personal de la contratista.
El contrato de 600.000 dólares, de los cuales se destinó 444.250 dólares para medios y páginas digitales, se estructuró como un único paquete sin desglose de valores unitarios, impidiendo conocer el destino exacto de los recursos, explicó Castro
Gastos
Del expediente que reveló el asambleísta, constatan consumos realizados por la contratista Priscila Janneth Flores Castillo en diciembre de 2025 en Orlando y Lake Buena Vista (Florida, EE. UU.), ajenos al objeto del contrato municipal.
En febrero de 2025, se registró un consumo en World of Disney, Lake Buena Vista; en diciembre, la renta de un vehículo por un monto de 647,05 dólares.
Otro valor en Walmart; en Sephora, Mall at Millenia, en Orlando; WDW 1900 Park Fare (que es un Restaurante en Walt Disney World), en Polo Factory Store, Spirit Airlines y Aeropuerto de Fort Lauderdale.
De manera adicional, se registran consumos en Guayaquil Country Club por 1.942 y 725 dólares, en centros estéticos, tiendas de lujo como Lacoste, Adidas, Bloomingdale’s y suscripciones de entretenimiento de Disney Plus y Prime Video.
Relaciones familiares
Eso no es todo. La investigación revela una sucesión de contratos con el Municipio de Cuenca bajo la modalidad de Régimen Especial de Comunicación Social adjudicado a personas naturales.
En ellos saltan nombres como Hugo Milton de la Torre Ruiz, de Velvet Events, quien registró informes de trabajo elaborados por Caterina Flores, hermana de la contratista Priscila Janneth Flores Castillo, quien adeuda a los 20 medios de Cuenca.
De la Torre registra al menos tres contratos con el Municipio de Cuenca en 2023, por un monto que supera los 500.000 dólares.
Otros funcionarios
Otros funcionarios municipales que habrían recibido dinero, según la denuncia de Castro, son: María Bucheli, ex Directora de Comunicación del Municipio, Carlos Andrés Pillco, Técnico y asesor municipal, Verónica Vintimilla, analista de Comunicación Social.
Asimismo, se identificaron giros a decenas de personas naturales, bajo referencias como “P6” y “P7” y la palabra “sueldo”.
El legislador presume que se trataría de una planilla o nómina paralela.
Antecedentes
Como antecedente, se sabe que 20 medios de comunicación de Cuenca suscribieron un manifiesto público exigiendo el pago de los servicios de pautaje correspondiente a un contrato específico.
El Municipio de Cuenca ya requirió a la proveedora el detalle de beneficiarios finales, transferencias y conciliación de valores, habiendo la proveedora respondido, según se informó, que el contrato se encontraba ejecutado y liquidado, sin entregar la información solicitada, pese a la insistencia formulada.
El 25 de agosto de 2026, la Alcaldía solicitó a la Contraloría un examen especial del contrato.
Esto estaría vinculado, según Castro, con el allanamiento a un presunto troll center en Cuenca, el 8 de junio de 2026, por parte de la Fiscalía. La denuncia, dijo Castro, tiene el objetivo de dar a conocer que los hechos no corresponden a un contrato aislado, sino a un patrón repetitivo, sostenido en el tiempo y replicado en empresas públicas municipales y fundaciones. (I)
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