La fuga de dos personas privadas de la libertad del pabellón de mínima seguridad del Centro de Privación de Libertad N° 1 Azuay, conocido como cárcel de Turi, reabre el debate sobre las condiciones de seguridad al interior del centro penitenciario.
Los dos reclusos continúan siendo buscados por la Policía, que activó un plan de recompensas para obtener información sobre su paradero. Por este caso, cuatro servidores policiales son investigados, debido a que tenían a su cargo la custodia de la zona de visitas íntimas (por donde escaparon los presos) y del área de videovigilancia.
A Jenny Bermeo, concejala que preside la Comisión de Seguridad del Concejo Cantonal, le preocupa la forma en que se aplicaron los protocolos de seguridad en el centro penitenciario, el accionar de los policías encargados de la vigilancia y la falta de información sobre lo ocurrido.
Hasta la fecha, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) no se ha pronunciado sobre la fuga ni sobre las acciones que adoptará.
Ante la falta de información, Bermeo anunció que se reunirá con el nuevo comandante de la Policía de la Subzona Azuay para conocer detalles de lo ocurrido y determinar cómo puede colaborar el Municipio.
“No se informa a la ciudadanía. La información que tenemos es la que conocemos a través de los medios de comunicación”, refirió.
La edil precisó que no ha mantenido coordinación directa con Xavier Bermúdez, gobernador del Azuay, ni sobre este caso ni para gestionar las acciones que corresponden a las instituciones involucradas.
Tampoco ha sido convocada a las reuniones de seguridad promovidas por el gobernador y desconoce las razones de esta falta de comunicación.
En su criterio, es necesario que la Gobernación, el SNAI y otras entidades del Gobierno proporcionen mayor información sobre los hechos, con el propósito de establecer acciones conjuntas.
Pese a ello, Bermeo ofreció el apoyo del Centro de Monitoreo del Consejo de Seguridad Ciudadana (CSC), que administra más de 400 cámaras. También dijo esperar que la cárcel de Turi se mantenga como un centro penitenciario regional y que no vuelvan a ser trasladados allí reclusos considerados peligrosos.
Acciones policiales
Pablo Inga, comandante subrogante de la Subzona Azuay de la Policía Nacional, explicó que cada institución cumple funciones específicas dentro del Centro de Privación de Libertad.
El SNAI se encarga de los ámbitos administrativo y operativo, a través de sus agentes de seguridad penitenciaria, mientras que la Policía Nacional tiene a su cargo el control del centro carcelario.
En este contexto, confirmó que la Fiscalía lleva adelante una investigación por la fuga de José Javier Gaona Rosario y Julio Fernando Campoverde Bueno, quienes evadieron los controles de seguridad del centro carcelario.
Asimismo, confirmó que cuatro servidores policiales que debían cumplir labores de vigilancia para evitar la fuga son investigados.
A Inga le preocupa que ambos prófugos, quienes registran antecedentes por delitos como tráfico de drogas, robo y abigeato, cometidos en Azuay y Pichincha, hayan podido escapar o hayan sido ubicados en un pabellón de mínima seguridad.
El oficial señaló que en la cárcel se realizan requisas diariamente y que, de manera recurrente, se encuentran objetos prohibidos en el interior del centro.
Mejorar selección de personal
Omar León, exdirector del centro carcelario de Turi, manifestó que una de las medidas que podrían contribuir a mejorar la seguridad penitenciaria es contar con guías penitenciarios adecuadamente seleccionados, comprometidos y con sólidos valores y principios.
Respecto de la infraestructura, sostuvo que Turi tiene capacidad para soportar las condiciones actuales y que únicamente sería necesario realizar inversiones en zonas específicas.
León descartó que el ciento por ciento de los guías penitenciarios y policías estén “contaminados”, aunque reconoció que muchos funcionarios son susceptibles de ser corrompidos, por lo que consideró necesario trabajar en este aspecto.
En el centro carcelario han sido designados alrededor de 400 policías, que rotan en la Unidad de Contingencia Penitenciaria. Los agentes cuentan con armamento, dotación logística y los recursos necesarios para cumplir sus funciones.
De acuerdo con la planificación que mantienen el jefe del Centro de Privación de Libertad y el director del centro penitenciario, se establecen los requerimientos de seguridad y se organiza el trabajo diario.
El personal policial permanece en las garitas, mientras los agentes del SNAI están distribuidos en diferentes áreas del centro carcelario. Pablo Inga señaló que se procura mantener controles exhaustivos sobre el personal policial.
El objetivo es evitar el ingreso de objetos prohibidos al Centro de Privación de Libertad. Entre los principales puntos de control están los filtros de seguridad, el economato y los propios funcionarios policiales.
Como parte de las acciones para enfrentar posibles evasiones, la Policía incorporó un escuadrón de drones destinado a labores de investigación e inteligencia dentro del centro penitenciario.
Según cifras del SNAI, actualmente la población de la cárcel de Turi asciende a 1.415 personas, la cifra más alta desde 2022. Sin embargo, este número es inferior al registrado entre 2015 y 2021.
En 2025, de acuerdo con el SNAI, 218 personas privadas de la libertad permanecían en la cárcel de Turi sin sentencia.
Solo uno de tres retenes construidos
Sobre los retenes, estructuras destinadas a reforzar la seguridad en los accesos al centro carcelario, la concejal Jenny Bermeo abrió un expediente de fiscalización para determinar por qué solo se construyó uno de los tres previstos.
“Se supone que estos retenes, que fueron aprobados en el presupuesto del Consejo de Seguridad 2023-2024, tenían que servir para evitar irregularidades como estas”, alegó.
Además, cuestionó que el único retén construido no funcione al ciento por ciento ni cumpla con el objetivo para el que fue creado. Reconoció que esta es una deuda de la administración del alcalde suspendido, Cristian Zamora.
Bermeo aseguró que visitó el actual retén y constató que, en lugar de facilitar el control, ha dificultado el ingreso a determinadas comunidades de Turi. A su criterio, no se contempló un plan de movilidad para la zona.
Los retenes tenían como función detener vehículos, verificar placas y licencias, y revisar qué transportaban en su interior. Además, debían contar con personal de la Guardia Ciudadana, EMOV EP, el CSC, la Policía y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Bermeo afirmó que, durante sus visitas, solo ha encontrado a un policía o, ocasionalmente, a un militar. (I)
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