La Asamblea Nacional aprobó este 20 de octubre, con 88 votos, la fiscalización de los procesos de contratación de conciertos, festivales y eventos artísticos realizados por el Municipio de Cuenca entre mayo de 2023 y febrero de 2026.
La moción fue presentada por el asambleísta por Azuay Adrián Castro, quien expuso posibles inconsistencias en contratos relacionados con espectáculos en Cuenca y la provincia. Según el legislador, algunos artistas habrían denunciado que sus fotografías fueron usadas en informes de cumplimiento de eventos en los que no participaron.
El principal antecedente es un examen especial de la Contraloría General del Estado, que identificó irregularidades en los procedimientos de contratación y deficiencias en la justificación de los servicios artísticos. De los 11 procesos auditados, cinco se tramitaron bajo Régimen Especial cuando, según el organismo de control, debieron ejecutarse como servicios de producción integral y logística; bajo esa modalidad el Municipio contrató un total de 904.000 dólares. La Contraloría concluyó que se aplicó de forma inadecuada el Régimen Especial por Obra Artística en eventos masivos y festivales como ‘Te Quiero Cuenca’, las fiestas de Carnaval o el ‘Festival de Vallenatos’.
El caso más grave es el proceso COTS-GADC-2023-18388. Según el informe, el Municipio pagó 63.375 dólares en 2023 por eventos que nunca se realizaron. El contrato contemplaba presentaciones por Navidad, relatos históricos de Cuenca, personajes tradicionales navideños, castillos, danza, música tradicional y una orquesta, y fue adjudicado a Cristian Guamán, de Audioeventos. Para justificarlo se aprobaron respaldos con fotografías y enlaces de redes sociales de años anteriores, entre 2017 y 2022, y artistas y directores de agrupaciones locales negaron su participación, desconocieron las firmas de los expedientes y aseguraron que no emitieron facturas al contratista. Entre ellos, la cantante Verónica Tola señaló en un comunicado que nunca formó parte del evento ni recibió dinero público por ese concepto.
Tras las denuncias, el 13 de octubre, la alcaldesa subrogante Marisol Peñaloza anunció que remitirá a la Fiscalía un expediente completo sobre la contratación «fantasma», ocurrida en la administración del alcalde suspendido Cristian Zamora, y sostuvo que el caso no puede quedar como «responsabilidad institucional», porque hay responsables ya mencionados por la Contraloría.
Lo que dispone la Asamblea
La resolución ordena requerir información a la Contraloría, al Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), al Servicio de Rentas Internas (SRI), a la Fiscalía General del Estado y al Municipio de Cuenca, incluidas sus empresas públicas y entidades adscritas. Los pedidos abarcan los procedimientos contractuales, las actuaciones de control, las obligaciones tributarias y las acciones adoptadas frente a las observaciones.
La Comisión de Régimen Económico y Tributario recopilará, analizará y contrastará la documentación. En un plazo de 30 días desde que reciba la información, deberá presentar al Pleno un informe con conclusiones y recomendaciones sobre la legalidad de las contrataciones, el cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría, las posibles restricciones a la participación de oferentes, las obligaciones tributarias y la situación de los artistas cuyos nombres, imágenes o documentos se habrían usado sin autorización. (I)











