La Fiscalía investiga contratos vinculados con el Municipio de Cuenca y sus empresas públicas en una causa por presunto peculado que examina movimientos de 11 millones de dólares
La hipótesis investigativa apunta a una presunta estructura que habría intervenido en la contratación pública y examina posibles cobros irregulares relacionados con las adjudicaciones.
El expediente preliminar incluye al alcalde suspendido, Cristian Zamora, quien se encuentra en México; exasesores municipales y otros ciudadanos.
Como parte de esta investigación, el 27 de octubre la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron 14 allanamientos, nueve en domicilios y cinco en oficinas.
Las diligencias incluyeron dependencias de la EMOV EP, ETAPA EP, la Corporación Aeroportuaria de Cuenca (Corpac), la Dirección de Gobernabilidad y el despacho municipal.
Los agentes incautaron teléfonos celulares, documentos y computadoras que serán analizados dentro de la investigación previa.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no había confirmado detenciones.
La información a la que tuvo acceso El Mercurio recoge la hipótesis de posibles cobros de entre el 10 % y el 20 % del valor de contratos adjudicados.
Los investigadores también examinan movimientos financieros de personas mencionadas en el expediente por presuntas diferencias con sus ingresos declarados y patrimonio.
Personas mencionadas
La información preliminar de la investigación menciona a Zamora, suspendido de la Alcaldía en junio de 2026 por una infracción por violencia política de género.
También constan Pablo A. V., asesor en asuntos de obra civil entre 2023 y 2026; Marlon T. Ch., relacionado con eventos artísticos; y Christian C. B., quien pasó de auxiliar de bodega en 2017 a coordinador municipal de Fortalecimiento Urbano y Rural en 2024.
El Municipio ofrece colaboración
La alcaldesa subrogante, Marisol Peñaloza, calificó la situación de “lamentable” y anunció que el Municipio entregará la información solicitada por la Fiscalía.
El requerimiento incluye documentos firmados por exfuncionarios, correos electrónicos, registros del sistema Quipux y otros archivos informáticos.
“Pido disculpas públicas a los ciudadanos por todos estos sucesos”, manifestó Peñaloza.
Aseguró que los servicios, proyectos y programas municipales continúan con normalidad y que la administración esperaba información oficial sobre posibles detenciones.
Reacciones
Martín Sánchez, director municipal de Cultura, también ofreció entregar la documentación requerida.
“Cada ciudadano, cada servidor público tiene que responder ante la justicia”, expresó y distinguió que los hechos examinados corresponden a 2023, 2024 y 2025.
Añadió que su dirección ha detectado otros asuntos que prevé poner en conocimiento de la Fiscalía.
La concejala Diana González señaló que durante la administración de Zamora conoció 19 casos de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal.
Algunos, explicó, estuvieron relacionados con labores de fiscalización municipal y luego pasaron a la Fiscalía.
“Las alertas debieron haber tomado principalmente en el Concejo Cantonal”, afirmó González, quien consideró pertinente que se evalúen medidas cautelares para garantizar su comparecencia.
Guillermo Cobo, director de la Guardia Ciudadana, calificó los allanamientos de “una vergüenza para Cuenca”.
Sobre la Guardia Ciudadana, aclaró que no fue allanada, aunque señaló que la Contraloría tramita un proceso relacionado con la entidad. (I)
