Por lo visto, ningún sector social se niega al diálogo, salvo el derrotado en las urnas, no por ello sin peso político ni organizativo.
Casi todos quieren sacar al país adelante. El Gobierno, próximo a estrenar su segundo mandato, está en esta línea.
Históricamente los ecuatorianos han sentido la necesidad de dialogar, de llegar a consensos aun en asuntos críticos. Es más, lo han propiciado.
Sin embargo, a veces la intención se esfumó tan pronto oír el llamado a dialogar; en otras, se empantanó, quedando en cero todo.
Claro, todo comienza por conocer, en este caso por parte del Gobierno Nacional, el proyecto de país trazado para corto, mediano y largo plazo. ¿Lo tiene el presidente Daniel Noboa?
Hay, sí, ciertas premisas delineadas sobre temas candentes, impostergables so pena de sucumbir. Entre ellos, el desfinanciamiento del IESS; la reforma laborales para poner al país a tono con la realidad actual; los cambios estructurales para resolver la inequidad social; los requeridos para combatir al crimen organizado, en muchos casos verdaderas franquicias de los carteles de la droga internacionales, comenzando por dotarle a la Fiscalía de total autonomía; para destrabar el nudo jurídico que permite a los grandes deudores del Estado parapetarse en él y darle guerra en los juzgados para no pagar impuestos…
Empero, aceptar el diálogo, o, simplemente, esbozar propuestas únicamente para exigir y exigir porque así lo dispone la Constitución, no parece ser la vía, peor aún con una Constitución en cuyo texto solo faltó poner un artículo obligando a pagar hasta por soñar.
Se ha oído en estos días, por parte de cierta dirigencia política, laboral o de otra índole, lo de siempre: cualquier cosa, menos si corresponde, por ejemplo, cambiar las reglas de juego; peor reformas a ciertas leyes para sintonizarlas con la realidad; mucho peor si hay la necesidad de acoplarse a cuanto exigen las nuevas generaciones.
Urge, entonces, mayor sensatez y apertura.
