Como todos los años, este 1 de junio de 2025 se celebra el Día Internacional del Niño.
Debe ser una fecha de reflexión para el Estado; para los padres de familia, en suma, para toda la sociedad.
La niñez debe conocer cuáles son sus derechos establecidos en leyes, códigos, aun en la misma Constitución.
Claro, son palabras, reflejos de buenas intenciones. Marcan ciertas pautas para establecer políticas públicas; pero en la práctica se cumplen a medias, o, ni siquiera eso.
Hay avances significativos por su puesto.
En el Ecuador existen más de 3.5 millones de niños y niñas de acuerdo a las estadísticas del INEC.
No todos tienen la misma suerte, iguales oportunidades para, por ejemplo, estudiar, gozar de buena salud, recrearse, sentir el afecto cercano de los padres, peor para estar seguros en casa, en el barrio, en la escuela o en el colegio.
Muchos, muchísimos ni siquiera acceden a la educación básica. La desnutrición crónica infantil, pese al esfuerzo desplegado en los últimos años, sigue conspirando contra su desarrollo integral; persiste el maltrato físico y, cuando no, viven situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas.
La inseguridad también les afecta. Muchos, en calidad de “víctimas colaterales”, han sido asesinados; son reclutados por bandas criminales a cambio de unos cuantos dólares y, en el peor de los casos, perdieron la vida en operativos militares cuyas indagaciones se diluyen.
Sólo en 2023 ocurrieron no menos de 770 homicidios de niños y adolescentes. Es el botón de una muestra escalofriante.
Otros tantos han quedado huérfanos como consecuencia de femicidios; otros, sufren los efectos del desarraigo o de la ausencia paternal por efecto de la emigración.
En el mundo actual, la tecnología es otro factor cuya influencia marca la vida de la niñez y de los adolescentes. Bien utilizada, de acuerdo a la edad, es clave; no así si se deja al libre albedrío.
Todos los mayores, el Estado como tal, debe preguntarse en este día, ¿qué futuro inmediato están heredando a niños, niñas y adolescentes?
