Primeras protestas

A menos de 45 días de su segundo mandato, el gobierno del presidente Daniel Noboa enfrenta los primeros descontentos populares.
Uno de ellos proviene tras aprobarse la Ley de Integridad Pública, en cuyo propósito original, la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, introdujo materias de otra índole, con lo cual reformó otras normas jurídicas vigentes.
Como si el gobernante, ya con alguna experiencia en la administración del país, no leyera el texto de la ley remitida por la Asamblea, o sus asesores lo hacen por él (a fin de cuentas son ellos quienes redactan los proyectos de ley), pone el ejecútese sin el menor reparo.
Las consecuencias están a la vista: ira popular, las primeras protestas en las calles y en redes sociales, más la lucha librada en la Corte Constitucional para lograr la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de marras.
Esta norma polémica, poco debatida en la Legislatura, donde funciona una mayoría obediente, no deliberante, dedicada al dibujo y al aplauso, para el sector público reforma el régimen de evaluación de desempeño, elimina las compensaciones por retiro voluntario antes de los 65 años de edad y cambia la indemnización por despido.
Los afectados han demandado la inconstitucionalidad, calientan las calles para exigir la derogatoria y se ponen en contra del gobierno.
Guste o no, los derechos de los trabajadores son irrenunciables; jamás pueden ser regresivos, y así debió entenderlo el gobernante y su obsecuencia en la Asamblea.
Si la intención es conseguir un paliativo para sanar el déficit fiscal, no será gran cosa el resultado, excepto el placer por despojar de sus derechos a los servidores públicos, muchos de los cuales querrán irse voluntariamente pero no con las manos vacías.
Reducir la burocracia tampoco pasaría por evaluaciones, a lo mejor, a dedo, ni saber quiénes serían los “eruditos”, peor los intereses escondidos ni los fines políticos.