La pretendida y ahora segura explotación del proyecto minero Loma Larga se enfrentaría a potenciales reacciones populares con impredecibles consecuencias.
El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) finalmente otorgó a Dundee Precious Metals (DPM) la licencia ambiental, con lo cual esta transnacional tiene carta abierta para explotar Loma Larga.
Cuenca, los sectores rurales colindantes con el proyecto, las autoridades seccionales, parroquiales, organizaciones ecológicas, entre otros colectivos ciudadanos, se oponen tenazmente a la explotación.
Basados en informes técnicos, sobre todo en el expuesto por ETAPA; por experiencias nada positivas recogidas en otros proyectos de similar envergadura, consideran que la actividad extractivista en Kimsacocha es un peligro para el frágil ecosistema de la zona, límite del Parque Nacional Cajas. Se afectará la calidad del agua, donde se origina, además.
Estas observaciones son desmentidas por la empresa y la Cámara de la Minería. Se cumplió, dicen, con todos los parámetros técnicos y ambientales para minimizar los impactos para el agua, la flora y fauna.
La decisión del MAATE causó indignación y severas reacciones en contra del Gobierno, aunque se la venía venir dada su política extractivista a gran escala, y pese al pronunciamiento en contra demostrada por la población a través de dos consultas populares, realizadas después de la concesión.
Representantes populares interpusieron de inmediato el recurso de medida cautelar para frenar la ejecución de la licencia, con la cual la empresa se apresta a construir la mina con una inversión de $500 millones.
Al cierre de este editorial, no se conocía aún la resolución del juez.
Líderes comunitarios están dispuestos incluso a presentar demandas internacionales, y acusan al MAATE de haber menospreciado el informe de ETAPA.
En conclusión, el conflicto bien podría agravarse, como ocurrió con el proyecto Río Blanco.
